CSIF denuncia que cientos de maltratadas pierden su trabajo porque nadie les informa de sus derechos

La prueba de la infrautilización de estos beneficios es que en España, el año pasado, solo 315 mujeres maltratadas se acogieron a su derecho a una excedencia laboral indefinida o a un cambio de centro de trabajo como fórmulas para poder afrontar su trágica situación personal y familiar sin perder al tiempo su puesto de trabajo.

Esta posibilidad, recogida en la ley integral contra la violencia de género, compensa además a las empresas con la gratuidad de los cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador que contraten de forma interina durante el tiempo que tenga que suplir la baja laboral de la víctima de esta lacra.

Eva Fernández, la responsable de Prevención de Riesgos Labores de CSIF, considera que esta cifra de utilización anual de los contratos de sustitución de damnificadas por la violencia de género es ridícula si se tiene en cuenta que solo en 2018 hubo casi 35.000 víctimas de maltrato certificadas por los tribunales españoles. No llegó ni a la firma de un contrato de sustitución temporal en el empleo por cada cien víctimas reconocidas por sentencia.

No existen cifras concretas sobre víctimas a las que su situación extrema les lleva cada año a dejar su trabajo en España, pero Fernández considera que no hay duda alguna de que la mayoría de ellas lo pierde «sin que nadie le dé una alternativa», bien porque esté en la economía sumergida, pero sobre todo, añadió, por «la falta de sensibilidad de las empresas», que las despiden o las dejan marchar sin informarles de sus opciones legales. «Existen las medidas, pero las empresas no las utilizan», lamentó, al tiempo que llamó a los empresarios a empezar a utilizar estos contratos de sustitución bonificados, informando de sus opciones a las maltratadas, porque es fundamental que una víctima no pierda de forma innecesaria su trabajo, que puede ser la tabla de salvación con la que salir de su compleja situación.

Para revertir este problema, el sindicato propone dos medidas. En primer lugar, que el Ministerio de Trabajo analice las causas concretas de por qué no se utilizan los contratos bonificados de sustitución de víctimas de la violencia de género que prevé la ley y que, a la vista del resultado del estudio, tome las medidas precisas para corregir el problema. En segundo, pide a los poderes públicos una estrategia para detectar a las maltratadas en el ámbito laboral -ya que muchas veces ocultan a sus compañeros o a la empresa lo que les ocurre-, para así poder acompañarlas, asesorarlas y ayudarlas, entre otras cosas en todo lo relativo a las opciones de ausencias, reducción de jornada, excedencias o traslados que les permite la ley, para que su drama no les cueste además su puesto de trabajo.

Con este objetivo, creen que una buena medida sería la creación de la figura del delegado sindical especializado en igualdad, con una formación específica para detectar de forma precoz los casos de maltrato y para dirigir a la víctima hacia todo el trabajo de asesoramiento y de ayuda que necesite. De hecho, CSIF ya comenzó el año pasado a formar a sus delegados sindicales con este finalidad y se está ocupando allí donde está presente de hacer de intermediario entre las empresas o la Administración y las víctimas para facilitar el mantenimiento del puesto de trabajo, además de orientar a las maltratadas a los servicios públicos o las organizaciones sociales donde les pueden dar una protección y una ayuda integral.

El sindicato, como el jueves también hizo el Defensor del Pueblo, pidió a los poderes públicos que reactiven con urgencia todas las actuaciones del pacto de Estado contra la violencia de género que llevan paralizadas más de un año por el bloqueo político y también les reclamó que pongan cuanto antes sobre la mesa los recursos y la financiación necesarias para mejorar la prevención y la atención a estas víctimas.