El 'copyright' llega al ciberespacio europeo

La reforma llega precedida de un intenso debate, no exento de agrias polémicas y una guerra encarnizada de propaganda. Tanto es así que los mismos diputados de la Eurocámara, acostumbrados a lidiar con grupos de presión, reconocen que la acción de los lobistas ha llegado a ser abrumadora. Después de dos años y medio de fuego cruzado, partidarios y detractores de la medida se han dejado la piel en las discusiones. Tanto es así que los enemigos más acérrimos de la Directiva Comunitaria sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital no han dudado en salir a la calle para protestar airadamente contra la iniciativa.

El clima es tan enrarecido que los parlamentarios han sido víctimas de furiosas amenazas. «Con la nueva directiva sufriremos un internet censurado, propio de la época del neolítico. Mientras en EE UU circulará libremente la información, en Europa la libertad de expresión estará condicionada por algoritmos previos, lo que supone un agravio comparativo», asegura Simona Levi, fundadora del colectivo Xnet y promotora de la campaña '#SaveYourInternet'.

Frente a los paladines de una red sin cortapisas se colocan los creadores de contenidos: editores, discográficas, medios de comunicación, artistas..., que consideran que debe haber una retribución justa. No en balde, denuncian, los colosos digitales se están enriqueciendo gracias a la explotación de su obra. Alegan que ha llegado el momento de poner coto a la ley de la selva.

Está mucho en juego. De un lado, los gigantes de la era digital, como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram –entidades que no existían en 2001, año en que fue aprobada la última regulación–, creen que la normativa supondrá un severo castigo a la configuración de internet, definida por escasas normas que han dado lugar a una pujante «economía creativa», dicho con palabras de los dueños de los algoritmos. Del otro, los autores cuya creación riega y nutre, hasta ahora de forma casi gratuita, esa red de redes.

A partir de ahora, las plataformas son responsables de lo que sus usuarios compartan. Como en YouTube, por ejemplo, se suben más de cien horas de vídeo cada minuto, el trabajo de cribado es imposible hacerlo de manera manual. El servicio de vídeos es propiedad de Google desde 2006, cuando lo compró por unos 1.300 millones de euros. Una adquisición provechosa, pues en la actualidad YouTube cuenta con mil millones de usuarios.

Las redes sociales no tendrán más remedio que recurrir a algoritmos que vetarán archivos y mensajes. Pero las máquinas son imperfectas. Son capaces de identificar al intérprete de una canción, pero no de detectar a qué libro pertenece un pasaje si es leído por la voz humana, por ejemplo. Así las cosas, las grandes compañías pecarán por exceso y, ante la duda, bloquearán contenido dudoso.

Quienes están soliviantados contra la directiva son los 'youtubers', que ven peligrar su modo de vida. Enrique Fonseca, del canal VisualPolitik, con un millón de seguidores en España y 700.000 en inglés, otea peligrosos nubarrones. «Nuestro sueldo procede de la monetización de vídeos, y el problema es que no hay ninguna asociación que nos represente. Ya ahora, con una regulación más suave, hay todo tipo de problemas. Con las nuevas disposiciones, las plataformas, para no pillarse los dedos, lo que van a hacer es ser más papistas que el papa y hacernos la vida imposible a los 'youtubers'», se queja Fonseca, que ha estado presente en algunas negociaciones desarrolladas en Bruselas.

Fonseca, cuyo canal se dedica a hacer análisis políticos y económicos, hace uso de informaciones de medios de comunicación. Teme que a partir de ahora sus vídeos, por el hecho de reproducir el titular o un extracto de una noticia, sean penalizados al entenderse que suponen una violación del 'copyright'. «Si meto tres segundos de un rap en un meme para poner una nota de humor, puede que pierda la monetización, que irá a parar al titular de los derechos de autor».

El legislador, por su parte, pretende atajar el poder omnímodo de Google y otras compañías que permiten el acceso a un sinfín de obras, lo que les reporta unos cuantiosos ingresos que no son compartidos equitativamente con los creadores. Para Véronique Desbrosse, secretaria general de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (Gesac), «las plataformas que se nutren de contenidos de usuarios juegan sucio, pues emplean lagunas legales para no remunerar a los creadores».

Google, sin embargo, aduce que se utilizan muchos prejuicios para juzgar a este buscador y, por ende, a YouTube. Antonio Vargas, director de Políticas Públicas de Google España, asegura que YouTube ha pagado 1.000 millones de dólares (unos 884 millones de euros) el último año a la industria musical y sociedades de gestión de derechos de autor. «Cuando hay autores o artistas que dicen que no han recibido ningún dinero de las plataformas, deberían preguntar a las entidades de gestión y casas discográficas qué reparto han hecho de lo que han recibido de YouTube», contraataca Vargas. El directivo alega en su descargo que YouTube ha invertido 100 millones de dólares en la creación de una herramienta, Content ID, desarrollada por más de un centenar de ingenieros.

Esta tecnología permite discriminar qué contenido protegido por derechos de autor se ha subido ilegalmente a la plataforma de vídeos. Los titulares pueden entregar su obra en un archivo MP3 a YouTube y esta les facilita una herramienta «gratuita, inmediata y a escala que va a escanear todo lo que está alojado en el sitio para buscar coincidencias. Si las hay, van a poder optar básicamente por dos posibilidades: bloquear el contenido o monetizarlo a través de anuncios. Esta última es la opción elegida en más del 90% de los casos».

Pese a los avances conseguidos, el directivo reconoce la incapacidad de sus filtros para detectar todo el contenido susceptible de ser retribuido: «Lo único que podríamos hacer es bloquear de forma preventiva cualquier cosa sospechosa de tener derechos de autor, lo cual puede afectar a la libertad de expresión del usuario». Salen indemnes de este primer asalto las enciclopedias en línea y sin ánimo de lucro, como es el caso de Wikipedia, así como las parodias, las citas y reseñas, lo que en teoría indulta a los memes y GIFS.

Google amaga con retirarse de Europa si tiene que pagar a los editores de prensa por su buscador de noticias. Ya lo ha hecho en España. Sin embargo, es más difícil que se atreva a hacerlo en un territorio poblado por 500 millones de personas.

El 'youtuber' y músico Jaime Altozano teme efectos muy perniciosos cuando se traslade al ordenamiento jurídico la directiva. Como primera consecuencia, vaticina, se producirá una «migración de talento». «Algunos creadores dentro de la UE dejarán de crear contenido y los vídeos de otros afincados fuera de Europa no se podrán ver en los países comunitarios, aunque quienes estén en EE UU, Latinoamérica y el resto del mundo los podrán visionar con total tranquilidad», asevera Altozano en su canal de YouTube.

Los que auguran males sin cuento a las plataformas estadounidenses olvidan la posición dominante de sus dos mayores compañías, Facebook y Google, que acaparan el 80% de los ingresos publicitarios. Las pequeñas empresas o 'startups', si tienen menos de tres años y su volumen de negocios es inferior a los 10 millones de euros, quedan exentas de la aplicación de la norma.