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JOSÉ DOMÍNGUEZ
Lunes, 14 de enero 2019, 00:33
La construcción de vivienda protegida fue una de las grandes paganas de la crisis económica. Los recortes en las administraciones públicas pararon en seco las nuevas promociones. Tanto que el sector arrancó 2017 con los peores registros de su historia: 158 pisos iniciados y ... sólo 21 terminados en un trimestre. En menos de dos años el panorama ha cambiado radicalmente. En 2018 se pusieron en marcha 1.866 nuevos inmuebles bajo tutela pública, ya sea porque están siendo levantados directamente por las instituciones, o por las constructoras a través de promociones concertadas o cumpliendo las reservas de protección oficial que exige la ley vasca a las iniciativas privadas. Unos datos, en cualquier caso, que no se recordaban desde 2012. Además, uno de cada tres se destinarán en exclusiva al alquiler, la mayor cifra registrada en este régimen en la última década.
Responsables del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco destacan la importancia de esta cifra, ya que supone el 93% de las 2.000 construcciones que se habían previsto para el pasado ejercicio. Y remarcan que, si se mantiene este ritmo al alza, permitirá cumplir el reto que se ha puesto el propio Ejecutivo autónomo en su propio plan director, que todavía contempla levantar otras 4.500 hasta 2020.
Se construye más porque el sector ha entrado en una fase de creciente dinamismo. Así lo confirman las mismas fuentes al repasar el balance de las viviendas protegidas terminadas en 2018. Fueron un total de 859, más del doble que un año antes, aunque supongan solo una de cada cuatro de todas las inauguradas. Es decir, que todavía tres de cuatro nuevas casas a estrenar se compran a través del mercado libre.
Pero que la promoción protegida avanza en el País Vasco es un hecho. Y que especialmente lo hace la destinada al alquiler público, también. «652 pisos se destinarán exclusivamente a este régimen, un dato que supera todos los registros desde 2009 y es uno de los más altos de la serie histórica desde los inicios del alquiler público en la comunidad», resaltan las mismas fuentes. Aunque en este caso las previsiones eran un poco más optimistas y sólo se han alcanzado en un 77%, un «incumplimiento» que achacan a «la falta de iniciativa municipal en esta materia».
Aumentar la oferta del arrendamiento público para hacer frente a los desorbitados precios del mercado, que en el tercer trimestre del pasado ejercicio superaron por primera vez los 1.000 euros al mes de media en Euskadi, es la mayor prioridad que se ha marcado el Departamento de Vivienda para los próximos años. Así, además del objetivo de la construcción de pisos bajo este régimen (2.950 contempla su plan director entre 2018 y 2020), ha centrado sus esfuerzos en sacar al mercado protegido pisos vacíos mediante el programa Bizigune (ha conseguido que se adhieran más de 5.250 propietarios), y desde enero ha puesto en marcha el programa Gaztelagun, que ofrece ayudas para pagar hasta la mitad de un alquiler libre a jóvenes de entre 23 y 35 años. La consejería encabezada por el socialista Iñaki Arriola aspira a que puedan recibir esta subvención 6.000 vascos hasta 2021, y en menos de 15 días ya se ha dado el visto bueno a más de 150 solicitudes.
La pata que todavía le cojea al Departamento es la implicación privada en la promoción de pisos reservados al alquiler público. «No hay promotores que en los últimos años hayan hecho nada en esta materia», reconoce el director de Planificación de Vivienda del Gobierno vasco, Mario Yoldi, que adelanta que «estamos buscando alternativas para que haya colaboración entre la iniciativa privada y la pública».
Probablemente los últimos datos harán concebir a muchos mayores esperanzas, y de hecho el aumento de inscritos al Servicio Vasco de Vivienda Etxebide así lo apunta. Pero lo cierto es que la última evaluación realizada por el Observatorio entre estas personas pone de relieve su pesimismo al respecto. Dos de cada tres aspirantes consideraba en 2017 que sus opciones de lograr uno de estos inmuebles son «bajas o muy bajas», una caída de 11,5 puntos respecto a 2015.
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