Competencia tacha de «no justificadas» las limitaciones a los VTC que plantea Euskadi

El órgano vasco de Competencia siempre se ha mostrado favorable a abrir en lo posible dicho mercado para favorecer al consumidor final tanto en precio como en un mejor servicio. En diciembre de 2018 emitió un informe de análisis del sector en Euskadi, con recomendaciones de apertura de ese mercado. Posteriormente su presidenta, Alba Urresola, advirtió que la normativa que se fuera a diseñar no podía «dar la espalda al futuro». Ahora, una vez el Ejecutivo ha acelerado el decreto para que entre en vigor el 1 de enero, la entidad reafirma su razonamiento.

En un informe firmado el pasado día 12, la AVC valora todos los artículos del proyecto de decreto que el departamento de Arantxa Tapia quiere aprobar en Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Y, antes de desgranar las propias medidas, adelanta que en el documento «no se establece ninguna justificación» para su adopción. Competencia explica que en el Real Decreto Ley 13/2018 que el Gobierno central aprobó para que las comunidades autónomas pudieran regular las condiciones de explotación de los VTC se estableció que «las medidas sólo debían pretender la mejora de la movilidad interior de los viajeros o garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios».

Competencia critica que el Ejecutivo vasco justifique la medida más controvertida, fijar en 30 minutos la precontratación de los servicios de un VTC, con un razonamiento singular: señala que «por cuestiones logísticas» y «por la orografía de Euskadi» no se materializan antes de esos 30 minutos. La AVC califica este argumento como «sorprendente» y señala que si la «propia operativa del servicio» ya sitúa en media hora ese «lapso», resulta «innecesario intruducir esa limitación».

También pone en duda la «justificación por la orografía vasca», ya que «las autorizaciones VTC no están ubicadas en lugares orográficamente limitados». De ahí, la denuncia de Competencia de que con el proyecto se pretenda «perpetuar» en el tiempo el sistema actual.

Poniendo el foco solo en esa precontratación de 30 minutos, la AVC advierte que esa regla reduce la cifra de operadores y «provocaría un incremento de costes para el usuario en forma de mayores precios y tiempos de espera». Y añade que en Cataluña los tribunales ya han suspendido la precontratación de una hora establecida por el Ayuntamiento de Barcelona, anticipando lo que podría pasar en Euskadi. Competencia tampoco comparte la prohibición de la geolocalización. Y apunta que ya de por sí, con la restricción de 30 minutos, «deja de tener sentido que estén geolocalizables». Además, cree que esta restricción también camina en contra de los taxis que han ido incorporando este sistema.

Y como última limitación que considera «discriminatoria», el órgano que preside Alba Urresola cree que se debería retirar la obligación de que los VTC no puedan visibilizar su disponibilidad cuando estén estacionados en la vía pública. «Reduce su capacidad de competir en el mercado», justifica la Autoridad Vasca de la Competencia.