La Comisión Jurídica Asesora (Cojua) del Gobierno vasco ha propuesto indemnizar con algo más de 23.400 euros a un ciclista que en noviembre de 2022 se rompió la clavícula en las afueras de Logroño. El deportista se cayó al suelo después de que irrumpiese ... en su camino un perro de la Unidad Canina de la Ertzaintza, que paseaba suelto con su guía. Este organismo, dependiente del Ejecutivo autonómico, entiende que esta persona tiene derecho a ser resarcida al considerar que ha existido un funcionamiento irregular de la Administración pública. El asunto, en todo caso, es recurrible ante la Justicia si alguna de las partes discrepa con esta resolución.
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Los hechos se produjeron a media mañana de finales de 2022 en las afueras de Logroño, dónde vive la ertzaina encargada del cuidado del perro, pero el informe de la comisión jurídica se ha conocido en las últimas fechas. Cada agente de la Unidad Canina se lleva a casa un animal, lo que ayuda a crear un «fuerte vínculo» básico después en el trabajo policial. Al cabo de unos ocho o nueve años los canes se retiran y una gran parte de los ertzainas opta por quedarse con los animales que han estado cuidando durante tanto tiempo.
En este caso, la ertzaina iba paseando en su día libre con su perro, que iba sin atar, mientras hablaba por teléfono por un camino rural sin asfaltar. El ciclista iba en sentido descendente cuando el can se interpuso en su camino ladrándole con «ánimo lúdico». Esta persona frenó de forma brusca y se cayó al suelo. Según consta en la resolución administrativa, la agente se disculpó desde el primer momento y le atendió allí mismo mientras llegaban los servicios sanitarios.
El ciclista se rompió la clavícula izquierda y tuvo que ser operado. Según la investigación realizada, no consta que el comportamiento del deportista fuese negligente en ningún caso. Esta persona contrató un abogado y reclamó una indemnización por los perjuicios sufridos.
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La víctima y el Gobierno vasco coincidieron desde el primer momento en el fondo del asunto: había existido un funcionamiento anormal de los servicios públicos y el ciclista tenía derecho a ser resarcido. La discrepancia era la cuantía de la indemnización. Basándose en un informe de la aseguradora, el Ejecutivo cuantificó las lesiones en algo más de 7.400 euros. El reclamante pedía más de 32.400 euros. En su escrito incluía los daños temporales, las secuelas, los daños materiales, la rehabilitación... En este contexto, el Gobierno vasco pidió a la comisión consultiva -como suele ocurrir cuando las reclamaciones son por importe superior a los 18.000 euros- que se pronunciase respecto a la petición de este deportista. Finalmente, el Cojua ha atendido en gran parte a la reclamación del ciclista y ha dejado la indemnización en unos 23.400 euros.
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