Garoña acumulará sus residuos 50 años más al descartarse un único cementerio nuclear

Ese es el futuro por el que ha apostado el Gobierno central, que descarta definitivamente construir una instalación intermedia entre los 'búnkeres' de cada reactor y esa fosa definitiva. No habrá Almacén Temporal Centralizado (ATC). Un proyecto que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca), que el propio Gobierno de Pedro Sánchez paralizó en 2018, y que el también presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page llevó a los tribunales.

De «inviable» califica el Ministerio para la Transición Ecológica contar con ese tipo de emplazamiento, que iba a ser el gran 'cementerio' de España. ¿El motivo? «Las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional», se argumenta en el Séptimo Plan de Residuos Nucleares que acaba de publicar el Ministerio que dirige Teresa Ribera. Y que marca esa nueva hoja de ruta que impone que todas las centrales del país acumulen en sus propios almacenes los residuos radiactivos.

Son los denominados ATI (Almacén Temporal Individualizado) que, evidentemente, pierden ahora esa condición de provisionalidad. El de la planta burgalesa está en funcionamiento desde hace cinco años. Un tipo de recinto que se incorporó con el cambio de protocolo de seguridad al que obligó la tragedia de Fukushima. Hasta entonces el combustible gastado que se extrae del reactor se almacenaba en una piscina de agua situada dentro de la propia central; un vaso de hormigón con paredes de acero inoxidable «para crear una barrera a las radiaciones sin peligro de escape», explican desde la planta del Valle de Tobalina.

Dos losas de hormigón

El ATI de Garoña toma la forma de dos enormes losas de hormigón (losas sísmicas) sobre las que se depositan en seco los contenedores cargados con material radioactivo y que son refrigerados por aire. Sólo uno está aparcado en esa estructura y apenas lleva allí tres meses. El plan prevé recolocar al menos medio centenar más, los necesarios para vaciar completamente la piscina. Enresa, la empresa pública española responsable de la gestión de los residuos radiactivos no tomará el control de la planta propiedad de Nuclenor al menos hasta el primer trimestre del próximo año. Pero se responsabiliza ya de los trabajos de la actual fase de «transición hacia el desmantelamiento».

Y el vaciado de la piscina, la retirada de todos elementos de combustible gastado en el reactor, es un proceso clave. Por hacerse una idea, la propia Enresa explica que la operación con ese primer contenedor precisó más de 160 horas para ejecutar toda la secuencia completa de los trabajos que estaban programados «tales como la preparación del contenedor, su traslado a la piscina, la carga de los 52 elementos de combustible gastado que alberga, su extracción y, finalmente, su traslado al Almacén Temporal Individualizado».

Enresa dispone en la actualidad de cinco contenedores. Cuatro debería llenar en los próximos meses. Pero ya ha contratado la construcción de otros 44 más a la empresa ENSA para completar la evacuación del combustible remanente en la piscina (2.245 elementos). ¿Cómo son? Se trata de enormes cápsulas que tienen una longitud de 4,85 metros, un diámetro de 2,1 metros y un peso de 71 toneladas, una vez cargados. Son contenedores homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2014 y que un año después obtendrían la autorización para el transporte fuera de las plantas hacia un destino (ese Almacén Temporal Centralizado) que ya no se va a construir.

En Castilla y León Vox, que cogobierna con el PP, ha resucitado Garoña apostando por su vuelta a la actividad con dos reactores de pequeño tamaño y modulares. Una opción que la propia Nuclenor descarta por su escasa rentabilidad y que el Gobierno central, ve fuera de lugar porque mantiene su plan de que todas las nucleares del país cesen su actividad entre 2027 y 2035. El presupuesto del Estado para 2023 contempla 19 millones de euros para el desmantelamiento de la central. Aunque se estima que la extinción requerirá en torno a 600 millones y una década de trabajo.