Cazadores en el punto de mira

Tal vez sea un disparate, pero ha provocado alarma en todos los partidos políticos, que tratan de ganarse la confianza de un colectivo enorme y transversal, aunque cada vez más desconfiado. «No es solo el casi un millón de licencias. Entre familias y empleo, la caza influye sobre cinco o seis millones de personas», avanza Juan Antonio Sarasketa. Su voz es una de las más autorizadas. Fundador de la Oficina Nacional de Caza (germen del asociacionismo), ha compartido partidas con el Rey emérito o el propio Miguel Delibes.

Sarasketa encabezó en 2008 la marcha sobre Madrid para criticar la Ley de Patrimonio Ambiental de la ministra Cristina Narbona. Más de 50.000 amantes de la escopeta pillaron por sorpresa al anterior Gobierno socialista. Narbona dejó Medio Ambiente ese mismo año, en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. También el pasado abril, miles de defensores desfilaron en cuarenta ciudades reclamando que el Código Penal ponga freno a los agresivos ataques de los abolicionistas en las redes sociales. Accidentes puntuales como el vídeo viral de un ciervo y una docena de perros despeñados en una batida en Herreruela (Cáceres) en noviembre completaron el cerco: «Los responsables de esta salvajada solo tienen un nombre: criminales», escribió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Twitter. «Quieren socavar la actividad cinegética atacando al mayor defensor del perro y del campo: nosotros», lamenta el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi.

Hartos pero conscientes de su fuerza, la caza organizada decidió poner a prueba a los políticos en Andalucía. Se creó la campaña #lacazatambienvota y se dejaron camelar. Recibieron buenas palabras y pocos compromisos. Ahora Andalucía (Podemos) ni siquiera les recibió. Ciudadanos envió a un subalterno. «Aparece alguien que no conocíamos. De color verde (por Vox). No tienen representantes pero nos llaman y se posicionan firmes defensores», recuerda López Maraver. Luego llegaron los resultados del 2-D. Ante el vuelco electoral, se buscan explicaciones entre los amantes de la caza. Dos días después de abrir las urnas y en plena 'digestión' de los votos, unas declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reafirmaron el sentimiento de orfandad política: «Estoy a favor de prohibir la caza y los toros».

Ribera, que carece de competencias en la materia, repitió sus palabras como «un deseo personal» el pasado martes en el Senado. Días antes, recibió un 'capote' del ministro de Fomento y 'número 2' del PSOE, José Luis Ábalos, que criticó la «España trasnochada» y «casposa» de cazadores y toreros. El caso es que, en lo que va de mes de diciembre, el asunto se ha impuesto en las agendas. Ya se habla de la «politización de la caza».

Destaca la revuelta sin complejos de los barones socialistas, en especial en las regiones con marcado acento cazador y taurino. Empezó desde Aragón Antonio Cosculluela, líder del PSOE en Huesca, que reclamó «una rectificación a quien no conoce el mundo rural». Le siguió el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, «sorprendido y preocupado», le envió una carta a Ribera en la que le recordaba «la importancia, no solo económica sino ambiental», de esta práctica. El más duro fue el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara: «Es una realidad que forma parte de nuestras vidas y no vamos a dejar que nos la arrebaten». Hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, advirtió que la caza es «un elemento económico, social, cultural y deportivo importante».

Unos y otros se recolocan. El portavoz adjunto del Partido Popular, Jaime de Olano, anuncia sendas iniciativas en el Congreso para «defender, preservar y reconocer» toros y caza. Todo el Parlamento de Castilla y León, salvo el único representante de IU-Equo, votó el miércoles otra iniciativa a favor de protegerla. El apoyo se refuerza sobre todo, y precisamente, en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Aragón, que suman más del 70% de practicantes y cotos.

Para que no falte de nada en el debate, esta semana cumple once años de actividad la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), que se autopresenta como un 'lobby' para hacer presión hacia una cultura que rechace cualquier violencia hacia el resto de seres vivos. En la España del desacuerdo permanente en política, diputados de todas las fuerzas con representación (desde el PP a Podemos o los nacionalistas) luchan contra lo que llaman «un estigma: el de un Estado que maltrata a los animales», explica su portavoz, el exparlamentario por Aragón Chesús Yuste. Aunque admite que el debate sobre las artes cinegéticas y la pesca «no lo hemos abierto porque es complejo y no estamos en condiciones de entrar».

También el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), que aglutina la oposición frontal y sin matices, se suma a la discusión. Lograron 71.000 votos en Andalucía y, como Vox, esperan conquistar algún acta de representación en los próximos envites electorales nacionales. Su presidenta, Silvia Barquero, acusa ahora al resto de fuerzas de hipócritas. «Se han echado al monte para proteger la caza, sobre todo en aquellas provincias poco pobladas y con afición, como Ávila o Teruel, donde el escaño es mucho más barato». El partido animalista rechaza lo que juzgan «mentiras de la caza: no regula las especies, sino que las esquilma».

Paradójicamente, al PACMA le iguala frente a sus rivales la sensación de falta de claridad de los partidos; en su caso, en favor de una postura clara de defensa animal. El peligro de este creciente 'pim, pam, pum' político con esta actividad es que se condensan los mensajes y se imponen los tópicos para definir una realidad tan compleja, en la que está en juego el equilibrio entre vida rural, la defensa ambiental y el aprovechamiento cinegético.

Muchas voces, entre ellas la de Ábalos, siguen poniendo al aficionado el rostro de un señorito engominado y con alto poder adquisitivo. «El 95% de los cazadores de Andalucía son gente de alpargata y zapatilla», puntualiza Sarasketa. «Somos parte del mundo rural y se lo debemos todo. Sigue allí porque lo defendemos colectivos como el nuestro», reivindica el presidente de los aficionados castellanos y leoneses, Santiago Iturmendi, en defensa de sus 100.000 licencias.

Unas claves que van mucho allá de los 6.500 millones de euros y los 200.000 empleos que inyecta esta actividad en el cada vez más deprimido rural español. Juan Delibes, biólogo, investigador del CSIC, director del Canal Caza y Pesca, recibió por vía sanguínea paterna la búsqueda de argumentos conciliadores. Se muestra pesimista: «La caza ha caído en desgracia y no es entendida por la sociedad moderna, que se ha hecho muy urbanita y no comprende la cultura del campo».

En la Sociedad Española de Ornitología (SEO), que comparten el disfrute del campo pero desde la vertiente de la conservación, han mantenido durante todo 2018 un debate abierto para fijar su posición. «En general, no nos gusta la caza. Pero, si son especies que no están en declive y se hace de forma legal, no tenemos nada que decir», resume el responsable de Especies Amenazadas y Caza, Nicolás López. En el análisis de esta organización ambiental recuerdan que, con ser un colectivo numeroso (800.000 licencias), los amantes de esta «predación regulada», como la llama Sarasketa, «apenas son el 2% de la población y disfrutan de un uso privativo del 80% del territorio».

Tiene razón. De los algo más de 50 millones de hectáreas de superficie en España, 43 millones están incluidas en los más de 32.000 cotos de caza operativos. Esto ayuda a las desnutridas arcas de muchos ayuntamientos. «Pero eso no crea puestos de trabajo ni más economía, por eso tampoco aumenta la población», avisa Nicolás López. Sea como fuere, se ha abierto la veda permanente para cazar votos en esta afición ancestral. «Vamos a pedir compromisos por escrito y en campaña electoral», reclama para el nuevo año el presidente federativo, Ángel López Maraver.

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El único movimiento transversal de la política española se alinea en la defensa de los derechos de la fauna. La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) lucha para convencer desde los púlpitos políticos de que «la caza y los toros responden a una sociedad que ya no existe». Con esta contundencia arranca su portavoz, el escritor y excongresista aragonés Chesús Yuste. Junto a él, varias docenas de políticos de todos los colores (incluida la primera exministra 'enemiga' de la caza, Cristina Narbona) que preconizan en conjunto la contradicción entre «defender la Marca España y sufrir el estigma de que se boicoteen productos españoles en países como EE UU porque somos el Estado que más maltrata a los animales».

Con una década de actividad parlamentaria y pública, apenas se les ponía cara. Ahora que este debate ha irrumpido en las agendas de debate político, los diarios digitales que se dedican a informar sobre actividades cinegéticas y pesqueras, como 'Jara y Sedal', elaboran listas y les ponen rostros y siglas, para que todos los aficionados lo tengan en cuenta cuando les convoquen a las urnas.

Desde la APDDA, agradecen a la ministra Teresa Ribera que «haya sido valiente, aunque lo dijera a título personal». Pero Chesús Yuste no evita las críticas al resto de los líderes socialistas, a los que considera «unos cobardes que han salido en defensa de un puñado de votos». Más allá del oportunismo electoral, este colectivo trata de dirigirse a «los valores de una sociedad moderna, a esa España mayoritariamente contraria a la caza, frente a una minoría anclada y fuera del siglo XXI. Somos un país que está maduro para dar el paso y acabar con el maltrato», insiste Yuste. También rechaza las denuncias de 'talibanismo ecologista' que lanzan los amantes de las artes de caza, de quienes dice que «se hacen las víctimas y no representan al mundo rural, un sector que también ha evolucionado».

De todas formas y en consonancia con las virtudes del parlamentarismo y el debate de ideas, desde la APDDA no se muestran (al menos todavía) abiertamente contrarios a la prohibición. Centran sus iniciativas en aspectos como el uso de perros para 'levantar' las piezas o la presencia de menores en las monterías. «Los defensores se asustan y protestan cuando, en realidad, aún no hay ninguna norma que prohíba la caza. Entendemos que este debate es muy complejo y no estamos en condiciones de entrar», admite Yuste. En el ánimo de sus 78 integrantes se mantiene el objetivo de «presionar, pero también construir espacios porque la agenda sobre animales no es de derechas ni de izquierdas».

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Habrá pocas trayectorias que aúnen y a la vez borren los límites aparentemente irreconciliables entre defensa ambiental y afición a la caza. Juan Delibes recuerda intensamente la emoción de su primer jabalí abatido. Acompañaba a su padre, Miguel Delibes, en sus partidas por Sedano (Burgos). «Me sentí un héroe. La gente del pueblo me felicitaba. Hoy sería un asesino, un enfermo que mata por placer». La suya es una carrera profesional y vital entregada al medio ambiente. Biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, director de revistas como 'Caza y Trofeo' o el canal 'Caza y Pesca'. Colaborador de Fundación Hábitat en la lucha por la conservación del lince ibérico, el águila imperial... E invitado en el Parlamento Europeo de Estrasburgo para explicarles cómo solucionar la cuadratura del círculo de la compatibilidad entre caza y conservación.

Su primera reflexión traza un marco general pesimista que juega a la contra de quienes, como él, todavía aman este deporte, el tercero con más afiliación. «Después de medio millón de años cazando, se plantea acabar con lo que los humanos hemos hecho desde siempre».

- ¿Qué ha cambiado para que se imponga esa percepción?

- Creo que las sociedades modernas se han hecho tan urbanas que ya están desconectadas de la cultura del campo. Reclaman cambios bruscos personas que apenas conocen las claves de la sostenibilidad de lo rural.

El quinto de los siete hijos de Miguel Delibes encuentra otros enemigos que cree que acechan y acabarán acorralando está práctica ancestral. «Vivimos en una sociedad cada vez más regularizada. Todo está más sujeto a protocolos. Y puede llegar el momento en que los cazadores suframos un nivel del control tan elevado que todo sea inviable».

Se refiere a legislaciones como las que preparan varias comunidades autónomas (La Rioja, Castilla-La Mancha...) sobre Protección Animal que, sin entrar directamente sobre las normas cinegéticas, someterán el uso de los perros o la gestión veterinaria de las capturas a unos controles muy rigurosos. Por eso los cazadores «nos sentimos acorralados y pendientes de qué partido triunfe para conocer el futuro».

Juan Delibes insiste en que los estudios y su experiencia demuestran que «la caza es compatible y necesaria para la biodiversidad. Hay vida salvaje donde hay regulación. Y somos los primeros interesados porque nadie intenta hacer daño a su propia afición». Recién llegado de Mozambique, explica que allí «la fauna mayor que una rata ha desaparecido de los lugares que no son parque natural». Y subraya el peso económico, ya que «la caza y la pesca dinamizan la economía y ayudan a luchar contra el abandono rural».