Condenado por el Supremo, absuelto por el Vaticano

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó en 2018 a Martínez a 11 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual al dar por bueno el relato de la víctima. No había habido testigos de los abusos y el docente los negaba, pero el tribunal dio verosimilitud a las acusaciones, apoyadas por los informes periciales de diferentes psicólogos y psiquiatras. El entonces adolescente había sufrido graves abusos por parte de su tutor escolar, que había hecho valer su posición y autoridad para propasarse con él. El joven, según lo expuesto durante el proceso, sufría un shock postraumático del que años después aún estaba siendo tratado.

En 2020 el Tribunal Supremo estudió el recurso presentado por la defensa del profesor, que no llegó a entrar nunca en prisión y siempre se mantuvo -y se mantiene- bajo el cobijo del Opus Dei. La sala de lo Penal -la misma que juzgó a los dirigentes del 'procès'- estableció que durante la vista oral los hechos más graves denunciados por el estudiante no quedaron suficientemente probados. Por ello, se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del docente. «Nos limitamos simplemente a apreciar una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo (el de la Audiencia de Bizkaia) que no podemos avalar», detalló el presidente de la sala del Supremo, Manuel Marchena.

Según el Tribunal, el joven denunció cinco episodios de abusos: uno en el que le obligó a sentarse sobre sus piernas para que notara su pene en erección; otro en el que le pidió que se quitara la camisa y le tocó por todo el cuerpo; en otra ocasión hizo lo mismo llegando hasta los genitales; en una cuarta ocasión le mostró fotos eróticas y le «instó a que se masturbara»; y la última vez le «obligó a introducirse un bolígrafo por el ano». De estos relatos, el alto tribunal estimó que los tres primeros sí habían quedado demostrados, pero no los otros dos. De ahí que le rebajara la pena a Martínez de 11 a 2 años, lo que evitó su ingreso en prisión. No obstante, sí dejó claro que abusó de su alumno durante su estancia en el colegio Gaztelueta.

Antes de que la Audiencia Provincial y el Supremo vieran el caso, la Justicia eclesial ya se había pronunciado. Fue en 2015 y a instancia del propio Papa, que había recibido el 15 de diciembre de 2014 una carta del padre del alumno denunciando el caso. Francisco dio orden el 7 de enero de aquel año a la Congregación para la Doctrina de la Fe de poner en marcha una «investigación canónica». Se nombró un «delegado apostólico» y hasta Bilbao se desplazaron en junio dos investigadores desde la sede de la Conferencia Episcopal, que se reunieron con el joven, el profesor acusado y los representantes del colegio.

Fueron Silverio Nieto Núñez -director de los Servicios Jurídicos Civiles de la Conferencia y expolicía, exjuez y fontanero del espionaje vaticano- y Rafael Felipe Freije, juez diocesano de Girona. «Con nosotros se reunieron de manera informal. Se presentaron como enviados del Papa y dijeron que sólo se trataba de transmitirles el interés del Pontífice en el asunto», criticó entonces la abogada de la familia en declaraciones a este periódico.

Seis meses después de aquellas indagaciones, el delegado apostólico transmitió al Vaticano que habían estudiado el caso «con prontitud y cautela, valorando los numerosos documentos públicos y privados». El resultado: «los hechos denunciados no habían sido probados» y había que «restablecer el buen nombre del profesor», que eso sí, ya había sido apartado de la docencia -fue enviado a Australia-.

Ahora Francisco enmienda todo aquel proceso, que la familia siempre denostó, y ordena volver a repetirla, dos años después de que la Justicia se pronunciara en sentencia firme.