La decisión está en manos de los jueces. La mitad geográfica de Cantabria tendrá que aplicar el toque de queda de una a seis de la madrugada si la autorización judicial ya tramitada desde la Consejería de Sanidad obtiene luz verde, como ha ocurrido en ... la Comunidad Valenciana. La medida, de aplicación en 53 municipios, afectaría al 90% de la población (casi 530.000 personas, contando solo a los censados). Si la respuesta es negativa, como ha pasado en Canarias, el 'plan b' del departamento de Miguel Rodríguez para intentar contener la escalada de contagios de la quinta ola pasa por recurrir al Tribunal Supremo. Busca así el respaldo necesario, fuera del estado de alarma, para reducir la movilidad y la concentración numerosa de personas, especialmente en el ámbito en el que desaparecen las barreras protectoras frente al covid: la distancia de seguridad y las mascarillas. Tampoco ayudó que el Ministerio quitara la obligatoriedad del uso del cubrebocas en exteriores justo al inicio del verano y de las vacaciones escolares, puesto que fue ahí cuando se desató el repunte de covid entre fiestas y celebraciones encadenadas.
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Según avanzó ayer en rueda de prensa al anunciar el paquete de medidas con el que aspira a frenar la expansión del virus y sus contagiosas variantes, Rodríguez confía en que los jueces aprueben su petición, «argumentada de forma sólida». Unos argumentos basados en la propia evolución de la pandemia, que dibuja una recta casi vertical en las gráficas, con una media de 200 contagios diarios, y una incidencia acumulada que ayer llegó a los 527 casos por 100.000 habitantes, situándose entre las más altas de España. «Lo único que nos salva es que la hospitalización está contenida», dijo, aunque también se percibe un aumento de los ingresos -diez al día-.
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Lo más preocupante es que nada indica aún que la onda esté tocando techo. De hecho, el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, no se atrevió a hacer predicciones. Ahora mismo tienen la vista puesta en qué hacer para parar una onda que ha subido como la espuma, avivada por la presencia de variantes con una transmisibilidad mayor -el avance de la Delta (india) es el más llamativo- y con la colaboración de esa parte de la población más preocupada de disfrutar del verano a toda costa que de las consecuencias de una expansión descontrolada del coronavirus.
¿Para cuándo se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia? «Desearíamos que fuera esta misma semana», reconoció el consejero, «pero no depende de nosotros». Y no parece probable que llegue a tiempo para poder aplicarse el toque de queda este fin de semana, teniendo en cuenta la propia tramitación del proceso. Según explican desde el TSJC, desde que se recibe la petición formal de Sanidad hay un plazo máximo de tres días naturales para dar respuesta. Puede llegar antes, sí, pero ya van justos. El tribunal tiene que remitir la consulta a la fiscalía y, con su respuesta, reunirse nuevamente y decidir.
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otras medidas
La autorización que ha solicitado la Consejería va en dos direcciones: el toque de queda en los 53 municipios con más tasa de contagio (teniendo en cuenta la incidencia acumulada a siete días, tanto global como en grupos de edad concretos -de 15 a 25 años y en mayores de 40 años-, así como el porcentaje de positividad y el número de casos de variante Delta), en los que durante esas seis horas de limitación también estarán acotados las reuniones de grupos a un máximo de seis personas. Incluso en el ámbito privado. Se trata, subrayó el consejero, de evitar que las fiestas se trasladen al interior de las casas, una vez agotado el tiempo en la calle. Entre los municipios afectados están los principales núcleos, como Santander, Torrelavega o Castro, y entornos muy turísticos, como Laredo y Noja.
No obstante, el consejero señaló que las restricciones planteadas «son las más livianas para el turismo», en tanto en cuanto «no se verá afectada la restauración, al dar tiempo a dar el servicio de las cenas», indicó.
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Con el ocio juvenil como principal fuente de contagio -el 45% de los brotes detectados tienen su origen en encuentros en discotecas o interiores de establecimientos hosteleros, como recordó ayer Wallmann-, las autoridades sanitarias buscan la manera de acotar las reuniones sociales en el ámbito de la noche. Lo hizo semanas atrás cerrando pubs y discotecas, con la consiguiente polémica y un cumplimiento relativo por las dudas en torno a los locales con licencia mixta, y ahora busca la manera de atajar los botellones, toda vez que se siguen celebrando como si fuera una práctica permitida, estando prohibidos por ley.
Cataluña quiere implantar un toque de queda selectivo desde este fin de semana en las 158 localidades más afectadas por la pandemia con el aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al que se lo solicitó la tarde de ayer. Este mismo organismo ya ha respaldado la limitación de las reuniones a un máximo de 10 personas, la prohibición de permanencia en espacios públicos como playas y parques entre las 00.30 y las 6 de la mañana y la de beber y comer en concentraciones en espacios públicos excepto para salidas escolares. El Tribunal tiene tres días de plazo para responder, pero el Govern prevé que acepte la medida. El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, cree que será «cuestión de horas» que vuelva a imponerse en la ciudad, la sexta con la incidencia más elevada. De momento, y para evitar aglomeraciones, las policías municipales y los Mossos realizarán operativos conjuntos en aquellas áreas más proclives a multitudes.
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