El cambio en la forma de pago limitará «los cobros indebidos por fallos de Lanbide»

En la RGI hay fraude, pero también «fallos de Lanbide». La «mayoría» de los cobros indebidos que se registran con relación a esta prestación se producen, precisamente, a causa de la «falta de capacidad» del Servicio Vasco de Empleo para «gestionar» toda la información que aportan los titulares de esta renta. Por eso, el cambio en la actualización de las cuantías que llegará con el nuevo reglamento es «algo nuclear, una de las apuestas clave de esta ley», en palabras de la directora de Prestaciones e Inclusión de este servicio, Sara Buesa. Esa modificación permitirá «que no haya» cobros indebidos derivados de esas dificultades.

En la actualidad, si cambia la situación de una persona, que por ejemplo encuentra un trabajo, se actualiza el importe que percibe de forma automática. Es así en la teoría, porque en la práctica «se tarda uno o dos meses» en la tramitación. Eso supone que, durante un tiempo, ese titular «está percibiendo una cantidad mayor de lo que le corresponde». Y deriva en que Lanbide le acabe exigiendo meses después la diferencia. «Toda la gestión, reclamar deudas, compensar si hemos pagado de menos, genera incertidumbre en la ciudadanía y mucho tiempo de trabajo», ha precisado. De las más de 150.000 tramitaciones de información que han realizado en lo que va de año, por ejemplo, «22.800» están relacionadas con cobros indebidos de todo tipo, no solo por los retrasos administrativos.

Con el nuevo reglamento, pretenden que estos problemas no se den. Lanbide tendrá en cuenta, para calcular la prestación, la situación de la persona en los tres meses anteriores y pagará acorde a esas circunstancias durante los tres siguientes, cuando volverá a actualizarse el importe en función de los cambios que hayan sucedido en la vida de los perceptores. Este sistema permitirá «que nosotros sepamos que hemos pagado bien y que las personas sepan lo que van a cobrar durante tres meses sin temores a reclamaciones».

En ese tiempo, en cualquier caso, deben informar de si su situación varía para incorporar las novedades al siguiente período de tres meses. «Se han ampliado los derechos, pero también hay unas obligaciones», ha recordado Buesa.

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