La ONU lamenta la decisión del Supremo de Estados Unidos sobre el control de las emisiones contaminantes

«Si bien no es el papel de la ONU hacer comentarios legales sobre decisiones judiciales de los estados miembros, en general puedo decir que es un revés para nuestra lucha contra el cambio climático, en un momento en el que ya estamos lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París», dijo el portavoz de la Secretaría General del organismo, Stéphane Dujarric. En la misma intervención recordó que el secretario general del organismo, António Guterres, «ha dicho en reiteradas ocasiones que el G20 debe encabezar los esfuerzos para incrementar de forma drástica la acción climática» y argumentó que la decisión del Supremo estadounidense «hace más difícil satisfacer los objetivos para un país sano y habitable, especialmente cuando se necesita acelerar el fin del uso del carbón y pasar a energías renovables». En la misma línea, recordó que el cambio climático es «una emergencia» que  requiere «una respuesta global y las acciones de una nación no deben ni pueden marcar si alcanzamos nuestros objetivos».

El sector energético de Estados Unidos es la segunda fuente más grande de emisiones de gases de efecto invernadero del país, con más de 3.300 centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, incluidas 284 instalaciones alimentadas con carbón, según la Agencia de Información Energética, según datos recogidos por ABC News. Todo ello en una nación que es la segunda que más gases de efecto invernadero y CO2 libera a la atmósfera, solo por detrás de China.

La decisión del alto tribunal tampoco gustó a muchos sectores de la sociedad estadounidense, empezando por los demócratas, impulsores de distintas políticas medioambientales. Su líder en el Senado, Chuck Schumer, criticó la decisión, equiparándola a la sentencia que eliminó la protección legal del aborto, y considerando que «causará más muertes innecesarias, en este caso por un aumento de la contaminación». Los tres jueces progresistas del Supremo emitieron un documento en el que disentía de la decisión tomada por los otros seis magistrados, en el que criticaron que la corte «le quite a la EPA el poder que le dio el Congreso para responder al 'mayor desafío medioambiental de nuestro tiempo'». También Sierra Club, una de las organizaciones medioambientales más antiguas del país, lamentó la sentencia y solicitó la intervención del presidente, Joe Biden, al que pidieron la puesta en marcha de nuevas leyes porque «nuestro futuro depende de ello».

En el lado contrario, los republicanos se lanzaron a celebrar la decisión. Es el caso del líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, que aseguró que la sentencia «devuelve el poder a la gente». Una valoración que se repitió en los 20 estados que interpusieron la demanda, junto a dos de las empresas de la minería del carbón más importantes de EE UU.

Paradójicamente, a este lado del Atlántico y solo 24 horas antes de la decisión del Supremo estadounidense, los 27 países que forman parte la Unión Europea acordaron que a partir de 2035 no se puedan vender dentro de sus fronteras coches y furgonetas nuevas de diésel y gasolina. Es decir, adiós al uso de los combustibles fósiles en el sector del transporte.

A principios de junio la Eurocámara ya había dejado clara su hoja de ruta en esta materia. Así, de cara a 2025 se deben reducir las emisiones procedentes de turismos un 15% en relación a 2021;en 2030 deben bajar el 55% y en 2035 al 100%. Con todo, y a petición de Alemania, primer fabricante y mayor mercado automovilístico de la UE, con el apoyo de Italia, la Comisión preparará una propuesta para que a partir de 2035 se puedan matricular aún vehículos que utilicen combustibles sintéticos de cero emisiones contaminantes.