Descarbonizar, sanear océanos y gestionar residuos son los retos ambientales de 2022

No parece un objetivo sencillo si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de 2021 el termómetro ronda los 20 grados en el norte de España; que el deshielo mantiene un ritmo nada halagüeño para las poblaciones costeras amenazadas por la subida del nivel del mar; y que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más habituales en cualquier punto del planeta. Hay cada vez más pruebas de que el cambio climático es una realidad y el mundo, los países y las regiones se enfrentan al nuevo año con un buen puñado de retos.

Con los precios de la energía fuera de control, las autoridades de todo el planeta intentan dar con el pedal que impulse definitivamente la transición energética y aparque la dependencia de los combustibles fósiles. Ecologistas en Acción recuerda que «compatibilizar la conservación de la biodiversidad y la desaparición de los combustibles fósiles no solo es posible, sino el único camino para enfrentar la emergencia ecológica actual».

España lidia con sus propios problemas. Uno muy concreto y acuciante en el Mar Menor, que según todo indica paga las consecuencias de la agricultura intensiva en la huerta murciana. La situación allí es «de extrema gravedad», como califica SEO/BirdLife. Euskadi también inicia un año importante medioambientalmente. Uno de los principales temas a tratar por las administraciones vascas es solucionar el problema de la gestión de residuos. Con los vertederos al borde de su capacidad y sin apoyo social para instalar más, urge poner en marcha el Plan de Prevención y Gestión de Residuos del País Vasco.

Acelerar la descarbonización y frenar la deforestación son dos de los principales ejes para aplacar el calentamiento global. El problema es que alcanzar la primera de las metas supone poner patas arriba los sistemas productivos de medio mundo y acelerar la puesta en marcha de modelos alternativos de producción de energía que además absorban la pérdida de puestos de trabajo. Y no es sencillo. Prueba de ello es que el texto final de la COP26 se retrasó precisamente por la falta de acuerdo sobre cómo y cuándo descarbonizar y dejar atrás los combustibles fósiles. El grupo de países más avanzados en este proceso, que va ligado a la transición hacia formas de producción energética sostenibles, es el que forma la UE. En España, por ejemplo, a lo largo de 2021 casi la totalidad de las centrales térmicas de carbón han solicitado su cierre, si bien la crisis energética ha obligado a reactivar algunas. China, Rusia e India están a la cabeza de los que han pedido más tiempo para cumplir los objetivos.

Atajar la pérdida de masas forestales es otra meta que en 2022 obligará a tomar nuevas decisiones. Los principales pulmones del planeta están en países en vías de desarrollo y proteger esos bosques requiere de inyecciones económicas. Todo ello sin olvidar los mares y océanos, de cuya salud depende el equilibrio climático y la vida de millones de especies. No son pocas las organizaciones ecologistas que exigen que se firme un tratado global de los océanos sólido, vinculante y más ambicioso que se comprometa a proteger, al menos, un 30% de ellos en 2030.

Ha sido una de las imágenes de 2021. Toneladas de peces y algas flotando en las aguas del Mar Menor o depositadas al sol en las playas murcianas. Los episodios de mortalidad en esta lámina del agua mediterránea han sido tan importantes en este ejercicio que se despide que las autoridades políticas nacionales y autonómicas han decidido hacer algo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prevé inversiones hasta 2026 de 382,25 millones de euros -casi 150 de ellos con cargo a los presupuestos generales del año que llega-, así como un paquete de 34 medidas para recuperar el ecosistema.

Entre ellas, «el precintado y desconexión de las instalaciones de riegos en zonas sin derechos», con el fin de acelerar el desmantelamiento de las 8.500 hectáreas de regadío ilegal detectadas. También incluye el llamado 'cinturón verde' en la franja de 1.500 metros más cercana a la lámina de agua salada, para lo que se modificará el uso de fincas en producción agrícola para destinarlas a otros fines más sostenibles, como humedales o filtros verdes.

Todo indica, además, que la norma que prohíbe la caza del lobo seguirá enfrentando a las comunidades del norte del país con el Gobierno central, que también deberá impulsar la implantación de las zonas de bajas emisiones en al menos 149 municipios. Y clarificar cómo se llevarán a cabo esa ambiciosa reordenación que permitirán el acceso al centro de las ciudades solo a aquellos vehículos que menos contaminen.

2022 será el año en el que el Gobierno vasco ponga en marcha definitivamente el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030. Sus objetivos, reducir a menos del 15% la eliminación de los residuos en los vertederos, bajar un 30% la tasa de generación de desperdicios, aumentar la recogida selectiva de desechos urbanos hasta un 85% y reutilizar el 85% de los restos no peligrosos. Son metas ambiciosas si se tiene en cuenta que el territorio se queda sin espacio en los vertederos y que la puesta en marcha de plantas de recuperación y valorización no cuenta con el apoyo de la sociedad, como se vio en Bergara. Allí el Ayuntamiento revocó la autorización urbanística concedida inicialmente para instalar un centro de tratamiento de celulosa.

A día de hoy, Euskadi puede absorber los residuos que genera, pero las autoridades admiten que empieza a ir demasiado justa. En los últimos años se han clausurado 17 vertederos -incluido el colapsado en Zaldibar- y siguen activos 8 en Bizkaia, uno en Gipuzkoa y otro en Álava.

El futuro pasa por recuperar lo más posible e incinerar el resto para obtener energía. Es lo que se denomina economía circular y es otra de las apuestas del Ejecutivo vasco a futuro, no solo como forma de atajar el cambio climático, sino también como nuevo espacio para generar riqueza y empleo. Lo mismo que la bioeconomía, que busca «reconectar la actividad económica, la sociedad y el medio ambiente, englobando todos los sectores y sistemas cimentados en los recursos biológicos para producir alimentos, materiales y energía», defiende el plan diseñado por el Gobierno vasco.