La fragilidad económica de las mujeres dispara un 31% su demanda de vivienda protegida

Otro síntoma de la precariedad de la mujer para lograr una vivienda se detecta, según este informe, en el número de derechos subjetivos reconocidos por el Gobierno vasco. Es decir, la Ley Vasca de Vivienda de 2015 obliga al Ejecutivo autónomo a garantizar un hogar digno a personas sin recursos. Desde entonces lo disfrutan ya más de 4.900 personas, y dos de cada tres son mujeres, «resultados que demuestran que la puesta en marcha de este derecho ha tenido un notable impacto desde la perspectiva de género, ayudando a paliar la situación», según remarcan desde el Observatorio.

Las mismas fuentes recuerdan que la encuesta de necesidades y demanda de vivienda también incide en «la especial debilidad económica de las mujeres» que demandan un piso por primera vez. De hecho, sólo un tercio reconoce tener ingresos para plantearse la emancipación.

Es más, cerca de la mitad de las inscritas en el Servicio Vasco de la Vivienda no tienen ingresos declarados o no superan los 9.000 euros al año. Y sólo un 6,5% reconoce ganar más de 25.000 euros. Las prestaciones económicas para ayudar a pagar el alquiler también tienen cara de mujer. Hasta octubre del año pasado las recibían 16.816, un 52,9% del total y 1,2 puntos más que en 2018. El estudio del Observatorio resalta el esfuerzo de las políticas públicas de vivienda tendentes a «evitar la discriminación por sexo». Entre ellas apunta al nuevo decreto de habitabilidad que fomenta una «convivencia más igualitaria», o las adjudicaciones especiales de alquileres protegidos a «víctimas de la violencia de género».

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