Vivienda propone beneficios fiscales para los alquileres de pisos por debajo del precio de mercado

A partir de aquí se plantea reorientar las actuales deducciones que existen al alquiler, que son del 20% de las ganancias que obtiene el arrendador a través el IRPF, y aumentar el beneficio a devolver si sitúa el precio de su piso por debajo del mencionado índice de referencia. Este porcentaje aumentará cuanto mayor sea la rebaja de la mensualidad. Sin embargo, si el precio se sitúa por encima el EMA, la deducción se irá reduciendo hasta desaparecer. Las líneas generales de esta iniciativa ya se han puesto también en conocimiento del OCTE, el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, que reúne a representantes del Gobierno y de las diputaciones forales, con el fin de que se estudie su aplicación en la revisión del modelo fiscal que corresponde hacer para 2020.

Arriola ha asegurado que en Euskadi se ha generado una «grave preocupación social» ante las dificultades que hay para acceder a una vivienda . Y ha constatado que en el alquiler en el mercado libre se están pidiendo unos precios «recalentados e inalcanzables». Aunque al mismo tiempo ha reconocido que esta situación se produce, «en gran medida, por la ausencia de un potente parque público de vivienda que pueda contrarrestarlo».

Como muestra ha puesto las propias listas del Servicio Vasco de Vivienda Etxebide, donde actualmente 67.083 unidades familiares demandan un piso y el 80% de ellas en alquiler. Es más, ha puntualizado que siete de cada diez, de facto «viven ya en un piso de renta libre y lo que nos demandan es un alquiler asequible adaptado a su capacidad económica». De hecho, «muchas de estas personas (más de 41.000) reciben además una prestación económica pública (ya sea la PCV, PEV o AES) que les ayuda a pagar el arrendamiento, lo que hace que el 46% de quienes viven en Euskadi en un piso de alquiler tenga alguna ayuda pública».

La propuesta elaborada por el Departamento de Vivienda (con la colaboración del de Hacienda), parte de un diagnóstico «riguroso y muy documentado» y su objetivo «es alinear el marco fiscal que tenemos a las necesidades sociales y a la orientación de la política de vivienda hacia el alquiler y el desarrollo y consolidación de un parque público suficiente». Y la clave pasa por favorecer «a los propietarios que alquilen por debajo de un precio de referencia, mientras que se penaliza (suprimiendo la desgravación) al arrendador que cobra una renta superior».

La propia viceconsejería ultima los detalles del EMA, que está concluido «en unos meses». El objetivo es crear «una escala progresiva en las deducciones por los ingresos del arrendamiento de las personas propietarias de forma que la deducción sea mayor si el alquiler es inferior a la renta media marcada por la EMA; y que desaparezca si supera ese precio de referencia». Esta bonificación se aplicaría también a quienes cedan sus viviendas a los programas de alquiler públicos Bizigune y Asap.

«Estamos convencidos de que la aplicación de estas deducciones selectivas, que también podrían utilizarse en un tributo municipal como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, serían más eficaces en la práctica que otras medidas más drásticas que se proponen para frenar el alza de los alquileres», ha remarcado Arriola. El dirigente socialista, además, ha planteado ir más allá y reducir el actual 20% de deducción fiscal por alquiler de vivienda a personas con ingresos superiores a 100.000 euros (ahora se deducen lo mismo que una familia mileurista).

El consejero también ha propuesto replantear el actual tratamiento de la vivienda en el IRPF, «claramente enfocado a la compra». De hecho, ha remarcado que en 2017 el coste fiscal de las deducciones por adquisición de la vivienda habitual ascendió a 302 millones de euros, «lo que supone casi tres veces el presupuesto anual de nuestro Departamento para la promoción de vivienda protegida en alquiler». Por el contrario, el imparto de las deducciones por alquiler se situaron en 78,8 millones de euros. Por eso pidió un «mayor equilibrio en el apoyo del arrendamiento, lógicamente, preservando la situación de los contribuyentes que cuentan con el crédito fiscal, y pudiéndose modular para los nuevos casos la intensidad de la deducción».

Además, Arriola ha ligado estas medidas al efecto que puede tener en el mercado del alquiler el futuro canon a las viviendas deshabitadas (20.840), conjugado con el recargo en el IBI que ya contemplan algunos ayuntamientos. «Resumiendo, la que presentamos es una propuesta realista y avanzada. No incluye golpes de efecto de escaso impacto en la práctica, porque lo que necesitamos son soluciones efectivas; y las necesitamos lo antes posible, vista la preocupante dinámica actual». A su juicio, ésta «puede ser la vía más efectiva para conseguir el fin que se pretende: en el corto plazo, frenar la tensión alcista de los arrendamientos; y a medio y largo plazo, impulsar una política progresista de vivienda, favoreciendo el incremento del parque público y el alquiler asequible».