El Ayuntamiento de San Sebastián compra un piso de VPO que se pretendía vender por 340.000 euros

Las viviendas construidas en el antiguo campo de fútbol de la Real Sociedad, en el barrio donostiarra de Egia, son una promoción municipal del año 2002, una de las últimas en las que la vivienda protegida perdía esta calificación a los 20 años. Al año siguiente, 2003, una norma del Gobierno Vasco impidió que en adelante las promociones públicas perdieran esta condición pasado un tiempo. La calificación de vivienda protegida es desde entonces permanente en Euskadi.

En la promoción de Atotxa se vendieron a demandantes de vivienda 256 VPO en régimen de derecho de superficie para un plazo de 75 años, y otras 32 viviendas se cedieron a la empresa constructora del ámbito (Brues). A los 20 años estas viviendas dejaron de tener la calificación de protegidas, pero se mantiene el régimen de derecho de superficie; esto es, que las mismas son propiedad del Ayuntamiento y los moradores solo tienen un derecho de uso sobre ellas, con la condición añadida de que si las quieren vender en el mercado libre antes tienen que ofrecérselas a la administración municipal por si las quiere comprar al precio oficial de VPO, una cantidad actualizada con el IPC y reducida en un porcentaje según el tiempo transcurrido desde la adquisición.

El titular del derecho de superficie de este piso ya tenía apalabrada la venta por más de 300.000 euros, pero el notario le pidió, antes de escriturarlo, que solicitara a Etxegintza un documento que acreditase que el inmueble estaba liberado de la condición de vivienda protegida. La sociedad de vivienda respondió que, pese a no ser ya una VPO sino una vivienda libre, «no por ello se había extinguido el derecho de adquisición preferente que el Ayuntamiento se reservó en las transmisiones que se efectuaron de la propiedad superficiaria de la vivienda en cuestión durante los 75 años de la concesión», según precisa el dictamen que aprobará la semana que viene el gobierno municipal en funciones.

En ese documento de respuesta, Etxegintza le expresó al titular de la vivienda «la inequívoca voluntad de la administración municipal de ejercer el citado derecho en su anunciada enajenación» y le pidió que presentara la escritura de compraventa por la que adquirió la entonces VPO, así como el detalle de las mejoras realizadas en la misma.

Etxegintza advirtió que el morador había adquirido el piso en 2011 por medio de una permuta, una transmisión legal entre propietarios de VPO en derecho de superficie. Como no aportó detalle de las mejoras efectuadas en el inmueble «por no disponer de las facturas de los trabajos», los servicios técnicos de Etxegintza realizaron una inspección al inmueble para evaluar las mejoras y disponer de datos para hacer una valoración de la vivienda.

El precio al que se adquirió en la permuta de 2011 fue de 99.570 euros, la variación del IPC desde entonces ha sido del 21,2% y la depreciación en los 11 años y 5 meses desde su adquisición ha sido del 5,5%, según calcula Etxegintza, lo que arroja un precio de 114.042 euros. La sociedad de vivienda valora las mejoras realizadas en el interior (armarios, cambio de bañera, persianas, mejora de carpintería, suelo y toldo) en 14.090 euros y «como han discurrido 11 años completos desde la realización de los trabajos» se aplica una depreciación del 55% de la inversión, lo que resulta una cantidad de 7.749 euros para agregar. En total, «el precio al que el Ayuntamiento tiene derecho a ejercer su derecho de adquisición preferente es de 121.792 euros», más los costes de notaría y registro, que se estiman en 1.450 euros.