La ola de asesinatos cuestiona un sistema judicial incapaz de frenar la violencia de género

En un acto de autocrítica sin apenas precedentes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pidió el jueves perdón por el asesinato de Maguette. Lo consideró «un fracaso de la Justicia, con mayúsculas». Ibarra reconoció la falta de medios y la saturación de las unidades que deben dar soporte y evaluar cada uno de los casos. Unas declaraciones que han abierto una reflexión entre magistrados, fiscales, víctimas y juristas. EL CORREO reúne a cuatro expertos en este campo para analizar los puntos débiles de un sistema que, por ejemplo, no consideró preocupante que Itziar, psicóloga vizcaína residente en Castellón, denunciara que su marido quería matar a sus hijas. «Ya te puedes ir despidiendo de las niñas; me voy a cargar lo que más quieres». El sujeto consumó el martes su macabra amenaza.

El principal problema que se encuentran las mujeres es que los magistrados no suelen tomar medidas cautelares cuando el maltrato no ha sido físico o no hay pruebas aparentes en ese primer momento. Si no se presentan partes de lesiones ni tampoco hay informes policiales concisos, los jueces suelen rechazan las órdenes de alejamiento. Prevalece en estos casos la presunción de inocencia para no conculcar los derechos del denunciado. «Es difícil decidir. A veces sólo tienes las declaraciones de los implicados, sin testigos, y debes resolver en cuestión de minutos. Nuestro sistema es muy garantista y rige la presunción de inocencia», explica la magistrada Ana Zulueta, portavoz de Jueces para la Democracia en Euskadi. «Tiene que haber indicios claros de que un delito se ha cometido para adoptar una medida en ese sentido», aclara.

La asociación de víctimas Clara Campoamor discrepa de que las cosas tengan que ser así. «El problema es que no se da credibilidad al testimonio de la mujer, porque este sistema sigue siendo machista. Bastaría con que los jueces la miraran a los ojos para saber que su denuncia es absolutamente real», afirma su presidenta, Blanca Estrella Ruiz. En su opinión, lo correcto sería conceder siempre las medidas cautelares (orden de alejamiento, protección, seguimiento telemático...) para preservar el bien primordial (derecho a la vida). Sería una decisión que, a posteriori, podría ser revisada y revocada, si procede.

Otra de las principales quejas de las asociaciones de víctimas es que la evaluación inicial del riesgo se hace en comisaría mediante un programa informático. La computadora emite un veredicto en función de un cuestionario que se le realiza a la mujer denunciante. Los agentes pueden entregar, además, información complementaria al juez, como el testimonio de vecinos, si han visto daños en el hogar o si hay un parte de lesiones. Para la presidenta de Clara Campoamor, que atiende unos 60 casos de violencia de género al año, «dejar en manos de un ordenador esta parte del proceso es ridículo y una temeridad, porque basta con que un par de preguntas las respondas dubitativamente para que te calcen un nivel de riesgo que no se ajusta, ni mucho menos, a la realidad».

Adela Asúa es catedrática de Derecho Penal y fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Asegura que uno de los posibles fallos del sistema tiene que ver con la soledad del magistrado. «Muchos juzgados están sobresaturados y en otros no se ha desarrollado lo que dice la ley, a la hora de rodear al titular de un equipo psicoforense que evalúe a los agresores y el riesgo que entrañan. A veces, los jueces se ven muy solos», advierte.

La opinión de Asúa va en línea con la autocrítica realizada por el máximo responsable de la Judicatura en Euskadi. Ibarra desveló que en el caso de Maguette no había un informe pericial previo. La titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Bilbao tuvo que tomar la decisión sobre la orden de alejamiento sin este respaldo. De hecho, admitió que la unidad de valoración «concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo» que arrastra.

La exvicepresidenta del Constitucional tiene claro que otra de las grietas del sistema actual es la falta de medios económicos y humanos. «Con la crisis se dejaron de destinar partidas que estaban encaminadas a desarrollar aspectos muy interesantes de la ley para proteger a las mujeres», señala Asúa.

También pone el foco sobre la necesidad de invertir más el director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UPV, Jon-Mirena Landa. «Más que grandes reformas legislativas, lo que se precisa es dinero. Recursos para tener más medios y mejorar la coordinación y el trabajo de los diferentes agentes. La máquinaria está más o menos definida, pero hay que engrasarla», resume gráficamente. A su juicio, se requieren «buenos asesores porque los juristas vivimos el drama de tener que adoptar decisiones sobre asuntos en los que no somos expertos». Landa cree que es fundamental tener más información de cada caso, para saber discernir el grado de peligrosidad del agresor, el tipo de maltrato que sufre la víctima y la ayuda que se le puede proporcionara. Ypara eso hacen falta más peritos, forenses y trabajadores sociales.

Otra de las disfunciones que observan las fuentes consultadas es la dificultad que tienen las mujeres para formalizar una denuncia. «En un sistema que ha bebido tanto de una ideología patriarcal, la desconfianza es grande y, hasta cierto punto, resulta lógico. Ya lo vimos con el caso de 'La Manada'», asegura Jon-Mirena Landa.

Las víctimas tendrían que contar con un respaldo mayor que el actual en el momento en el que dan el paso de acudir a la comisaría. «No se les prepara para lo que va a venir», advierte este catedrático en Derecho Penal. «Hay que acompañarlas y arroparlas siempre,porque traspasar ese límite puede conducir a un aplastamiento brutal de la mujer, sobre todo si no se toman medidas cautelares contra el agresor. Con la agravante de que, en esos casos, la víctima transmite lo traumático de su experiencia mediante el boca a boca, lo que, a su vez, provoca un mayor rechazo y descrédito del sistema».

Para Blanca Estrella Ruiz, por ejemplo, una de las cosas que hay que cambiar de manera inmediata es el momento en el que se pone la denuncia. «Si viene a tu casa la Policía, debería ser en ese momento en el que se redactase la denuncia. No es de recibo que te citen para el día siguiente», lamenta. Lo que sucede, a menudo, es que la mujer tira la toalla por el miedo que le infude su verdugo y no formaliza ese trámite.

De las 26 primeras víctimas de este año, sólo 5 habían denunciado. «A mí me parece increíble que no se haga 'in situ'. Yo, en el año 72, con la Policía de Franco, ya íbamos a las casas de maltratadas y los agentes llevaban una grabadora para dejar constancia allí mismo de lo que estaba pasando. Es muy triste que nos tengamos que remontar a la dictadura y no hayamos sido capaces de articular un mecanismo efectivo todavía».

Todos los expertos consultados coinciden en que la respuesta a la violencia de género no sólo ha de ser policial y judicial. «Parece que nada frena esta lacra, a la que hay que combatir, sobre todo, con medidas educativas y sociales. La Justicia tiene que venir después», plantea la magistrada Ana Zulueta.

Adela Asúa pide explorar nuevos caminos, como «conocer más» el comportamiento del agresor. «Es un tema delicado, pero habría que prestarle más atención. Preguntarse si se le puede reconducir de alguna manera antes de que actúe. Podrían ensayarse terapias. Es un campo aún por abrir», advierte. También reclama atajar la creencia instalada en una parte nada despreciable de la sociedad de que hay un gran número de denuncias falsas, cuando «es una dañina falacia». Las estadísticas cifran el fraude en un ínfimo 0,1% . Las medidas, en cualquier caso, han de ser urgentes porque las muertes se acercan ya al millar (962) desde 2003.