El Gobierno vasco pide a las diputaciones incentivos fiscales para los que rebajen el alquiler de sus casas o las reformen para arrendarlas

Arriola ha explicado que el documento «insiste en la necesidad» de afrontar este análisis fiscal «en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria». Su propuesta contempla otorgar deducciones a los que cobren por debajo del precio que marca la Estadística del Mercado del Alquiler elaborada por la propia viceconsejería a partir de los más de 45.000 contratos que tiene registrados en toda Euskadi (desde 2016 es obligatorio hacerlo para poder arrendar un inmueble). Por el contrario, los que cobren por encima de ese baremo serían penalizados fiscalmente. «Esperamos que las Diputaciones recojan el guante y lo lleven a la próxima revisión del sistema fiscal, porque esta es una cuestión nuclear que puede ayudar y mucho a la regulación de los precios de los alquileres», ha resaltado Arriola, que ha abogado por «abrir una vía de reflexión sobre la regulación actual de las deducciones en materia de vivienda» y por mayores bonificaciones al alquiler de colectivos con mayores dificultades de acceso a una.

La propuesta plantea también la necesidad de convertir los incentivos fiscales en «un valor que promueva la rehabilitación reduciendo su coste final» y siguiendo modelos similares a los del «super bonus italiano». Asimismo, el consejero ha indicado que el Departamento sigue «con mucha atención» la tramitación de la futura Ley estatal de Vivienda, en materia de regulación de precios. En este sentido, ha remarcado que el Plan Director de Vivienda «se anticipa a la aprobación de la Ley y plantea por primera vez la posibilidad de que Euskadi estudie y, en su caso implemente, teniendo en cuenta la situación del mercado, las medidas propuestas en la dicha norma en materia de control de alquileres». Según ha añadido, el documento incluye entre sus acciones, además, la creación de un dispositivo de seguimiento y evaluación del mercado de alquiler para delimitar las zonas tensionadas.

Respecto al contenido del plan, Arriola ha subrayado la apuesta de su departamento «por profundizar en el alquiler accesible», tanto a través de la creación de vivienda pública como fomentando la incorporación de la privada tanto al mercado del arrendamiento libre como al del público. Para ello, en los tres años de vigencia del documento se invertirán 1.237,6 millones de euros (un 11% más que en el anterior) y se prevé aumentar en 3.000 las viviendas en renta protegida. También se fija el reto de que se construyan en este tiempo 4.000 nuevas viviendas (2.250 del Departamento y Visesa y el resto de promotores privados, cooperativas o fórmulas como las viviendas colaborativas o cohousing) y se adquiera suelo para otras 3.600.

Para lograr estos objetivos, el plan director crea nuevas herramientas como el programa Alokairu, un mecanismo de colaboración público-privada para que los inversores privados (banca, aseguradoras, inmobiliarias) construyan o compren edificios de viviendas libres que sean cedidas –por un máximo de 75 años- a la administración, cobrando una renta de alquiler garantizada. Asimismo, se crea un sistema de incentivos «novedoso a nivel estatal» con ayudas públicas para el fomento de las viviendas colaborativas o cohousing.

También se ha diseñado un «nuevo marco normativo que regulará un régimen específico de vivienda de protección oficial de alquiler asequible» para las familias con ingresos entre los 21.000 y los 39.000 euros anuales ponderados. «Se trata de un colectivo que, aun contando con mayores ingresos, tiene dificultades para acceder a una vivienda en el mercado ordinario», ha remarcado Arriola. La normativa establecerá un régimen específico de viviendas para este colectivo y prevé ayudas públicas para entidades públicas y privadas que inicien proyectos de este tipo por un periodo de al menos 20 años, con rentas de alquiler en rangos de VPO.

 Para movilizar la vivienda deshabitada, se reforzará el programa Bizigune para grandes tenedores y «se apoyará la puesta en marcha del canon de vivienda deshabitada a los ayuntamientos, con el registro para este tipo de hogares y priorizaciones en las ayudas a quienes rehabiliten viviendas deshabitadas para cederlas a Bizigune». Las previsiones también apuntan a crecerán los pisos privados gestionados por este programa público de alquiler hasta los 8.500 (casi 2.000 más que ahora), y a 4.500 los beneficiarios por las ayudas a jóvenes Gaztelagun-

Respecto al impulso a la rehabilitación, el consejero ha destacado el «salto cualitativo y cuantitativo» que se dará en los próximos años «gracias a la nueva normativa de ayudas del Departamento y a los fondos Next, que duplicarán la inversión de aquí a 2026». Entre 2021 y 2023 se prevé otorgar ayudas a la rehabilitación a 71.200 viviendas para mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad y la digitalización de edificios.