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josé domínguez
Miércoles, 7 de noviembre 2018, 16:22
Desde que en 2015 una sentencia del Tribunal Supremo anuló el límite máximo de 25.000 metros cuadrados para la apertura de grandes superficies que establecía el Plan Territorial Sectorial de Euskadi (PTS), el Gobierno vasco estudia cómo modificar este reglamento para restringir la ... proliferación de estos centros sin incumplir la legalidad. El problema es que a solución parece estar complicándose bastante más de lo deseable. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha reconocido en comisión parlamentaria que, al menos hasta final del año que viene, no se podrá articular ningún cambio efectivo. La razón está en la obligatoriedad de que cualquier variación en este sentido deba tener rango de ley, lo que demorará notablemente los plazos.
«Nuestros servicios jurídicos se han mostrado taxativos y nos aseguran que no podemos acometer ninguna revisión del plan territorial sectorial mediante un decreto, como queríamos hacer», ha explicado el dirigente socialista. Según ha añadido, esta tramitación debe realizarse como proyecto de ley «por seguridad jurídica», un requisito «fundamental» para evitar que nuevos recursos puedan volver a anular las restricciones que se establezcan, «porque ya llueve sobre mojado». Eso significa que al menos hasta la «próxima primavera» su departamento, que junto al de Turismo, Comercio y Consumo trabajan en esta revisión, no podrá disponer de un anteproyecto de ley que, una vez iniciada su tramitación en el Parlamento vasco, «con los debates y presentación de informes necesarios» probablemente no podrá se aprobado y entrar en vigor al menos hasta finales de año.
A pesar del fallo del Supremo, el pasado mes de junio la Cámara vasca aprobó una moción de EH Bildu para limitar la implantación de grandes superficies a pesar del fallo del Supremo. Esta propuesta instaba a que los cambios en el PTS se realizasen en el plazo de tres meses. El Gobierno vasco ha diseñado una revisión que apuesta por mantener las restricciones para la construcción de nuevas grandes superficies y de ocio en la periferia de las ciudades y para la ampliación de las ya existentes, y condiciona cualquier actuación en ese sentido a «criterios de impacto medioambiental y de planificación territorial».
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