El Ararteko critica al Gobierno vasco por la gestión de las VPO a personas vulnerables

Por norma general, los solicitantes de una vivienda protegida –en Etxebide hay más de 94.000 inscritos, 72.564 en busca de un alquiler– deben pasar por el filtro ordinario. Pero no en todos los casos. Hay ciertas excepciones. El Departamento ahora liderado por Denis Itxaso puede asignar de forma directa una vivienda pública a aquellos colectivos que sean considerados vulnerables, como las víctimas de terrorismo, de violencia de género, vecinos que están en ámbitos de actuación de zonas degradas o los ciudadanos que están en riesgo de exclusión social. En todos estos casos, los interesados deben incluir en su solicitud un informe de los servicios sociales que acredite su vulnerabilidad. También se les exige la inclusión de un plan de intervención personalizado y se solicita al ayuntamiento en el que el solicitante esté empadronado un compromiso de colaboración en el pago de la renta durante el año posterior a la firma del contrato.

Pues bien, el Ararteko sostiene que en ocasiones los servicios sociales «deniegan de forma oral la posibilidad de realizar una valoración de situación de vulnerabilidad que hubiera permitido, en su caso, elevar una propuesta de adjudicación directa a la viceconsejería de Vivienda». ¿Por qué? Los ayuntamientos atienden a varios motivos. Primero aluden que la responsabilidad de emitir dicho informe no es suya, pero también hablan de que «la decisión de no elaborar el informe ha venido precedida de una consulta dirigida al personal técnico de la viceconsejería de Vivienda» tras manifestar «que la persona solicitante no cumple con los requisitos». Por último lanzan que dicha valoración podría colapsar los servicios sociales. Todavía así, el Defensor del Pueblo apunta tener constancia de la «existencia de decisiones de responsables municipales que han optado por no elaborar ningún informe que pueda excepcionar la asignación de una vivienda para no colapsar los servicios sociales».

Aunque los servicios sociales son clave, la responsabilidad final recae en el propio Gobierno vasco, responsable de resolver si procede o no la adjudicación de un inmueble de forma directa a un solicitante. El Ararteko achaca a los responsables que intervienen en la adjudicación de viviendas carecer «de un cauce procedimental reglado que dote de las debidas garantías a las decisión que se adoptan para que los interesados puedan tener conocimiento del estado de la tramitación». Porque –matiza Manuel Lezertua– «en muchos casos, ni los servicios sociales de base, ni el hasta ahora Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes han remitido a las personas interesadas una respuesta expresa debidamente motivadas a las solicitudes de acceso urgente a un hogar», habiendo comprobado que la denegación de una VPO se ha realizado por «medio de una llamada telefónica de los servicios sociales».

El órgano explica que muchos demandantes no llegan a recibir respuesta por parte del Gobierno vasco o los servicios sociales para iniciar los trámites corresponientes. Y lanza que el procedimiento no cuenta con plazos de resolución, ni periodicidad del silencio administrativo, algo que impide a los solicitantes interponer recursos si lo desean. De ahí que inste al Departamento de Vivienda a precisar «las garantías del procedimiento y concretar los derechos y facultades de las partes intervinientes».