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El Ararteko exige más «medios humanos y materiales» para reforzar OsakidetzaEl Ararteko advirtió este miércoles que la red de atención primaria y la especializada del sistema vasco de salud se encuentran «notablemente tensionadas». Por ello, ... en su informe anual referido a 2023, el Defensor del Pueblo vasco exige a las administraciones sanitarias que se doten «de los medios materiales y humanos necesarios que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud». El documento señala que la oficina que dirige Manuel Lezertua llevó a cabo el pasado año 13.602 actuaciones. De ellas, 8.119 fueron referidas a quejas de la ciudadanía, lo que supone un «destacado aumento» del 37% respecto a 2022. Sin embargo, únicamente se abrió expediente en 3.012 de esos casos. El área más destacada en este sentido fue inclusión social (475 quejas), seguida de educación (449) y sanidad (260).
En términos totales, las incidencias relacionadas con la salud descendieron respecto a las 307 de 2022. Pero lo cierto es que aquel año se dispararon un 220% si se toma como referencia el curso previo. El registro de quejas, por tanto, continúa muy por encima de los años inmediatamente posteriores a la pandemia.
Según el último Sociómetro, la situación de Osakidetza es la segunda preocupación de los vascos. Por ello, no es de extrañar que, pese al descenso en términos absolutos, haya apartados en los que aumenta el número de incidencias. Es el caso, por ejemplo, de la falta de personal sanitario en algunos centros de salud. En concreto, señala el informe del Ararteko, la «insuficiencia de médicos y médicas de familia y pediatras» es un problema que «provoca la ampliación de los plazos de asignación de citas presenciales y telefónicas o incluso la necesidad de que las personas usuarias se tengan que desplazar en determinadas épocas del año a los Puntos de Atención Continuada (PAC)».
El pasado mes de enero, sin ir más lejos, un vecino de Llodio de 42 años falleció al no haber facultativos en el centro de salud de la localidad, según denunciaron los sindicatos y el Ayuntamiento. El hombre acudió al ambulatorio pero sólo había dos enfermeras. Hubo que llamar a la UVI móvil, pero no apareció a tiempo para salvarlo de un infarto.
Si bien situaciones como esta tienen un origen «multifactorial», reconoce el Ararteko, «todos los agentes implicados coinciden en afirmar que la pandemia de Covid-19 no hizo sino agravar una situación precedente, generada a partir de una insuficiente planificación de las necesidades futuras de las especialidades de medicina de familia y pediatría, de la falta de reconocimiento de este nivel asistencial, de las dificultades para la provisión y retención del personal sanitario, y del progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las enfermedades crónicas».
«Cancelaciones y retrasos»
En cuanto a la atención de segundo nivel o especializada, el Ararteko ha recibido un número significativo de quejas relacionadas con el «excesivo plazo de asignación de primeras consultas y de consultas de seguimiento, así como de pruebas diagnósticas, singularmente en las especialidades de traumatología, rehabilitación y dermatología». Este escenario se produce, entre otros factores, «como consecuencia de las cancelaciones y retrasos generados en el periodo de pandemia, que se han sumado a las necesidades de programación de citas del año en curso, y la carencia de profesionales en prácticamente todas las especialidades médicas».
En el ámbito quirúrgico, si bien «se respetan los plazos máximos de garantía establecidos» en la normativa para cirugía oncológica (30 días naturales) y cardiaca (90 días naturales), el Ararteko señala que «se han tramitado algunos expedientes de queja relacionados con cirugía no urgente programada, en particular de las especialidades de traumatología y de cirugía plástica de reasignación de género».
Todas estas cuestiones ya fueron abordadas en marzo del año pasado en una reunión entre Lezertua y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. En el encuentro, según señala el informe hecho público ayer, la mandataria «detalló las inversiones realizadas» en los centros de salud y «aportó datos sobre las acciones llevadas a cabo para atraer profesionales sanitarios a estos niveles asistenciales». Entre ellas, la posibilidad de contratar profesionales extracomunitarios, algo que permite, por primera vez, la nueva Ley de Salud Pública, aprobada a finales del año pasado. El objetivo es cubrir 52 especialidades declaradas deficitarias, «hecho que nunca antes se había producido en Euskadi», reconoce el Ararteko.
En condiciones normales, el Defensor del Pueblo habría presentado su informe ante el Parlamento vasco. No obstante, el adelanto electoral y la consiguiente disolución de la Cámara obligaron a la institución a limitarse a colgar el informe en su página web.
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