El Ararteko insta al sector público a hacer más fáciles las gestiones por internet

La batería de solicitudes viene recogida en un informe elaborado después de que la oficina de la defensoría haya evaluado el grado de cumplimiento que las administraciones públicas han hecho en los últimos tres años de las recomendaciones que el propio Ararteko trasladó en 2021 en su informe 'Administración digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones públicas vascas'. El análisis destaca los «avances significativos» que se han producido en el campo de la administración electrónica, pero al mismo tiempo advierte de que persisten «desafíos que deben abordarse».

Entre ellos, y a lo que más relevancia parece dar el Ararteko, destaca la interoperabilidad de los registros electrónicos. Esto es, que las instituciones públicas accedan por su cuenta a los datos del ciudadano que realiza una gestión para que este no tenga que introducir repetidamente información que ya obra en poder de la Administración.

No solo cada Administración por su cuenta, sino también entre todas ellas. El Defensor del Pueblo vasco recuerda que existe un Sistema de Interconexión de Registros (SIR) al que las instituciones pueden adherirse, de modo que puedan acceder a la información de un ciudadano que ya ha comunicado sus credenciales a cualquier otra instancia. Ello permitiría que, por ejemplo, una persona que realiza por primera vez una gestión con el Gobierno vasco, no tenga necesidad de volver a introducir los datos que ya facilitó en su día durante un trámite con su Diputación o Ayuntamiento. Es lo que el Ararteko denomina «garantizar el cumplimiento del principio de una sola vez» como mecanismo para mejorar la «eficiencia y reducción de cargas administrativas para los ciudadanos». El Ararteko valora que «la mayoría de entes garantizan» esta cuestión, pero cita algunos, como la Diputación de Bizkaia o el Ayuntamiento de Irún, que no lo hacen «completamente».

Para facilitar los trámites, y vinculado a lo anterior, el Defensor del Pueblo pide que los registros electrónicos públicos admitan «cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier administración». En este sentido, apunta que «no parece adecuado rechazar o inadmitir una solicitud cuando se encuentra dirigida a otra administración» o porque no se ha presentado por el canal o plataforma establecida. En esos casos el sistema debería «remitirla al organismo competentea través de los sistemas de interconexión».

Respecto a las citas previas, recuerda que la obligatoriedad de reservarlas para ser atendido en una oficina física surgió con motivo de la pandemia, pero «una vez decaídas todas las medidas sanitarias» especiales por el covid, «la cita previa obligatoria es susceptible de infringir derechos reconocidos a la ciudadanía» y «no parece una medida sustentada en el interés general ni concordante con el derecho a una buena administración», por lo que concluye que la cita previa debe ser una «opción voluntaria» para el ciudadano, «no una imposición».