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Una enfermera que trabajaba en la prisión de Huelva ha sido condenada a 21 años de cárcel por intoxicar con metadona y otros fármacos a siete compañeros del área sanitaria del centro penitenciario andaluz. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( ... TSJA), considera probado que cometió 11 delitos de lesiones -cuatro de ellos sobre un mismo funcionario, que fue el más afectado por la intoxicación- entre los meses de julio y noviembre del año 2018.
El fallo del TSJA desestima el recurso presentado por la defensa de la acusada -que aún puede apelar al Supremo- y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, que pese a imponerle 21 años de prisión, fijó el máximo de cumplimiento efectivo de la condena en seis años y nueve meses de cárcel (el triple de la pena mayor de los 11 delitos que se le atribuyen).
La procesada ejerció como funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Huelva entre los meses de julio y noviembre de 2018 y, entre sus funciones, estaba la de ser responsable de la metadona y el control de las dosis que se administraban en la prisión onubense. Las dosis de este fármaco se guardaban en la farmacia del centro penitenciario en un armario cerrado con llave.
No obstante, algunas dosis de metadona diluidas en agua, destinadas al consumo de determinados internos y etiquetadas con los nombres de éstos, se conservaban a lo largo de la jornada -hasta que no fueran consumidas- en otro armario que no estaba cerrado con llave dentro un cajetín ubicado en la misma farmacia. Estas últimas eran desechadas si al final del día no habían sido consumidas por los correspondientes internos, explica el TSJA.
La sentencia considera probado que, entre los meses de julio y noviembre de 2018, la acusada tomó unas cantidades indeterminadas de «metadona, diazepam y pregabalina» de la mencionada farmacia «con la intención de mezclar tales sustancias con los alimentos que, para consumo propio, guardaban sus compañeros en una nevera de uso común que estaba ubicada en la sala de descanso localizada en dichas dependencias del área de farmacia y enfermería». Los siete compañeros sufrieron intoxicaciones como consecuencia del envenenamiento de su comida.
La defensa de la acusada recurrió la sentencia en apelación alegando vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia; error en la valoración de la prueba; ruptura de la cadena de custodia, y vulneración del principio 'in dubio pro reo', solicitando el dictado de una sentencia absolutoria, mientras que la acusación particular también recurrió mostrando su disconformidad con las indemnizaciones fijadas en la sentencia, todo lo cual es rechazado por el TSJA.
El TSJA rechaza estos argumentos y recuerda que la Audiencia reflejó como hechos «plenamente probados» la disponibilidad de acceso de la acusada a la metadona y al resto de fármacos cuya ingesta determinó las intoxicaciones sufridas por los afectados; la accesibilidad al frigorífico del grupo de desayuno ubicado en el área de descanso por parte de la recurrente, para lo cual le era fácil aprovechar la franja horaria intermedia entre la salida de su turno y la entrada del posterior para introducir la metadona y las otras sustancias en los alimentos alojados en la glosada nevera o en armarios anexos, explica la Sala.
La resolución del TSJA también deja entrever lo que sería el móvil del caso: «Existía por parte de la acusada un patente antagonismo y una competitividad con sesgos de naturaleza tóxica con relación a uno de los lesionados, que ejercía de supervisor de enfermería de la prisión y que fue de lejos el más afectado por la administración de metadona y benzodiacepinas, en su empeño por lograr esta plaza». El fallo también tuvo en cuenta la coincidencia cronológica entre las intoxicaciones y los turnos, así como la ausencia de una explicación alternativa razonable para lo acontecido.
La sentencia ahora confirmada impuso a esta enfermera la inhabilitación para el ejercicio de dicha profesión durante el tiempo de duración de la condena, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de las víctimas durante un plazo de 11 años y nueve meses. También deberá indemnizar a los afectados con un total de 61.840 euros, declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Interior -Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- respecto de la indemnización establecida.
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