Un ahorcado por víctima

Cuando la cadena de televisión Kyodo News le pregunta a la anciana qué desea para los autores de la masacre no duda. «Espero que sean ejecutados de acuerdo con la ley. Y sin hacer escándalo al respecto». De no hacer escándalo suelen encargarse con precisión las autoridades judiciales niponas. En la última semana han trasladado a distintas prisiones de la periferia de Tokio a siete de los 13 integrantes de Aum Shinrikyo que están condenados a muerte desde hace más de una década. En la rutina oficial significa que serán ejecutados en breve.

«En Japón es habitual advertir a los condenados apenas unas horas antes de que van a ser ejecutados. A veces ni siquiera se les dice nada. Y a los familiares sólo se les comunica después de su aplicación. Siempre por ahorcamiento», resume el especialista en derechos humanos para el Este asiático de Aministía Internacional, Carlos Escaño.

En el país del sol naciente sospechan que las autoridades preparan un auténtico escarmiento: la ejecución a la vez de los 13 condenados, convertidos desde entonces en los seres más odiados del país. Un ahorcado por cada víctima mortal (además, hubo más de 6.000 afectados por el gas).

La ley japonesa prohíbe cumplir las sentencias capitales antes de que se cierre un caso por completo. Y el ‘carpetazo’ al ataque al metro de 1995 necesitó muchos años. Hasta 2012, 17 años después, no fue detenido el último sospechoso, al que la Corte Suprema confirmó el pasado enero su pena a morir junto al resto.

Japón es el único país del G-8 (los países más ricos de la Tierra), junto a Estados Unidos, que mantiene la condena letal. Mientras en EE UU avanza la conciencia (y las moratorias) antiejecuciones, en el archipiélago nipón hay un gran consenso entre la población para que se mantenga. «La mayoría de los japoneses considera que la pena de muerte es inevitable en el caso de crímenes extremadamente atroces. No tenemos planes de abrir un foro para discutirlo», dijo el Gobierno en su única respuesta formal a los que reclaman el fin de estas condenas.

«La Justicia ya ejecutó en secreto el pasado 19 de diciembre a dos hombres que habían pedido un nuevo juicio», informa Carlos Escaño. Su organización sigue trabajando para que este país de casi 130 millones de habitantes se sume a los 142 que ya han eliminado de sus códigos penales esta práctica. En 2017 la Federación de Colegios de Abogados de Japón pidió su abolición antes de 2020.

Los letrados y el resto del país saben que se acercan fechas muy señaladas y el Gobierno de Shinzo Abe no pierde de vista que en 2019 cambiarán de emperador después de más de tres décadas y un año después los Juegos Olímpicos regresan a Tokio.

«Podría ser la razón por la que el Gobierno probablemente llevará a cabo varias ejecuciones estos meses -explica desde Amnistía Internacional en Japón Hiroka Shoji- . Al sacar estas historias negativas del camino no se eclipsarán las futuras celebraciones», lamenta. Un manejo del calendario de este calibre «demostraría un nivel de cinismo sin precedentes y un escalofriante desprecio por la vida humana», concluye Shoji.

En su pulso con el Estado y como un aviso del fin de los tiempos, Verdad Suprema atacó cinco estaciones de metro en hora punta. Esparcieron gas sarín líquido. Estaban liderados por Shoko Asahara (ahora tiene 63 años), que se presentaba como la reencarnación de Cristo y el dios hundú Shiva. A lo largo de sus distintos ataques criminales provocó 27 muertes.

En 2004, Asahara fue condenado a muerte. Desde entonces no ha recibido una sola visita. Los seis psicólogos contratados por su abogado denuncian un grave deterioro mental producto del aislamiento total. «Eso no es problema para Japón, que no duda a la hora de ejecutar a personas con enfermedades mentales», lamenta Escaño.

La secta llegó a tener 10.000 integrantes en el país y otros 30.000 en Rusia y exrepúblicas soviéticas. Hoy se llama Aleph y Hikari no Wa (El círculo de la luz del arcoiris). Es legal pero está sometida a vigilancia como ‘religión peligrosa’.