Las administraciones deberán cubrir en un máximo de tres años las plazas de interinos

En su primera comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta aseguró ser «muy consciente» de las demandas de las plataformas de interinos ante el problema de la temporalidad, por lo que afirmó que le dará «respuesta y solución». Además, achacó esta situación a la «austeridad» de los últimos años, ya que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición fueron del 0%, lo que hizo que las administraciones se vieran «abocadas» a la contratación de interinos.

El ministro anunció que desde su gabinete quieren «prevenir y sancionar el abuso y fraude» en la temporalidad, para que los casos de interinidad sean la excepción y se «delimite» su duración máxima. Y aunque en los Presupuestos Generales para este año se han elevado las tasas de reposición al 100%, admitió que esta medida no acabará con la bolsa de empleo temporal actual.

Iceta apuntó que en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad es del 8%, pero en las autonómicas supera el 30% -se concentra en salud y educación- y en los ayuntamientos ronda el 13%. «Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la haga con un contrato fijo».

El objetivo del Gobierno es que la tasa de temporalidad no supere el 8% en el conjunto de las administraciones. Con ese fin, la Comisión de Coordinación del Empleo Público trabaja en concretar los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización de los interinos.

El ministro anunció que el Gobierno invertirá 1.000 millones del Plan de Recuperación en reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. Del total, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades y ayuntamientos y los 30 restantes los gestionará el Ministerio de Función Pública. Así, Iceta confía en que antes del verano comunidades, ayuntamientos y sindicatos alcancen un acuerdo. Con ello, el Gobierno aprobará previsiblemente en septiembre el anteproyecto de ley de Función Pública en la Administración General para «consolidar un modelo» de empleo «eficaz y flexible».

Euskadi vivió ayer precisamente una jornada de protesta contra la alta temporalidad del empleo público. Los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Satse, Steilas y ESK convocaron una huelga para exigir a las instituciones que se acabe «con el abuso» del trabajo temporal y se consoliden los puestos del personal interino en la administración pública -cerca de 60.000 trabajadores que no son funcionarios-. Las centrales piden «cambios legislativos» que permitan llevar a cabo procesos extraordinarios -diferentes a las OPE actuales- para hacer fijos a empleados con contrato temporal.

La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, señaló ayer que su Departamento está trabajando en varios frentes «para atajar el problema de la alta interinidad». En el ámbito legislativo se «está tramitando la ley vasca de cuerpos y escalas»; mientras que a nivel político, «se trabaja junto al ministro del ramo, Miquel Iceta» en la búsqueda de «soluciones jurídicas» que permitan reducir la tasa de interinidad entre los empleados públicos.

Recordó que el Gobierno vasco mantiene contactos con los sindicatos, en el ámbito de la negociación colectiva, y está siendo «proactivo» en el impulso de Ofertas Públicas de Empleo (OPE), con una previsión de 10.000 plazas esta legislatura. La consejera destacó que en «todas» las mesas sectoriales de la administración autonómica están «en marcha» propuestas de OPE.