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«Recomendamos liberalizar el transporte de autobuses en las líneas superiores a 100 kilómetros». La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en consonancia con ... la propuesta de la Comisión Europea, pidió el pasado julio acabar con el sistema de concesiones en el transporte por carreteras, que permite a una empresa explotar en régimen de exclusividad determinadas rutas.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible, todavía en tramitación parlamentaria, contempla en su anteproyecto que esta medida pueda llevarse a cabo. «En los servicios de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, de manera motivada, el Consejo de Ministros podrá autorizar la prestación del servicio en régimen de libre competencia», versa el artículo 50. Entre las siete enmiendas registradas a este apartado, solo dos -de Unidas Podemos y el BNG- plantean dejar el modelo monopolístico.
2.341 es el número de buses
autorizados por el Ministerio de Transportes para operar en Euskadi.
Si la ley se aprueba tal y como está, abrirá la puerta a que salidas desde Bilbao hacia Madrid, Barcelona o Castro puedan realizarlas unas operadoras distintas a las habituales. De hecho, la concesión de esas tres líneas está caducada. En el caso del trayecto a la capital de España, expiró en 2015; el que tiene como destino Cataluña, en 2016, y el que se dirige hacia el municipio cántabro, el julio pasado.
España representa actualmente el mayor mercado europeo que mantiene un sistema concesional en transporte de bus de media y larga distancia. Además, más de la mitad de estos contratos están caducados y la mayoría de las prórrogas superan el máximo legal de diez años. Es en este marco en el que se quiere impulsar una nueva ley de transportes, aunque el grado en el que se da pie a una liberalización enfrenta entre sí a los grupos parlamentarios y a Confebus (Alsa y Avanza, entre otros) con empresas internacionales como Flixbus.
De hecho, el Ministerio de Transportes ya sondeó el pasado febrero a las empresas de autobús que operan en España sobre su interés por concurrir por las líneas estatales. Según ha sabido este periódico, Flixbus tiene la intención de operar en las mismas en el caso de que se liberalicen o se fomente un régimen de 'no exclusividad'. Aún así, desde Transportes avisan de que el nuevo sistema no supondrá «la liberación masiva de contratos desde el minuto uno».
El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, asegura que la liberalización solo supondría un encarecimiento del precio final del producto. «Es cierto que en un principio implica un abaratamiento, pero a la larga deriva en que una empresa se quede con todo el mercado y vuelva a subir el coste de los billetes» asegura.
Barbadillo matiza que el modelo actual «ya está liberalizado, pero en vez de competir 'en el mercado' se compite 'por el mercado'». Según cuenta, este sistema implica que las empresas estén obligadas a trabajar, aunque sea a pérdidas. «En la pandemia empresas como Alsa seguían operando y en días como Nochebuena el precio es el mismo que en una jornada normal. En cambio, con el transporte liberalizado, los precios serían más caros y las líneas menos rentables desaparecerían», aseguran.
La operadora internacional Flixbus, que tiene a Bilbao como segunda estación española de referencia, defiende la liberalización de las líneas como una herramienta que supondría «más frecuencias y mayor comodidad». Discrepa con la patronal Confebus y asegura que la libre competencia bajará el precio de los billetes. También reclama, con el modelo actual, la posibilidad de realizar cabotaje, que implica permitir bajar y subir a los pasajeros en paradas intermedias en las que no tienen la concesión.
La nueva ley del transporte prevé que en el plazo de un año desde la aprobación de la normativa esté diseñado un nuevo mapa de movilidad. El anterior sistema, en vigor desde el franquismo, cuenta con 79 rutas de larga distancia. El mapa elaborado por la ingeniería Ineco para el ministerio reduce esas líneas a 22 corredores , de los que seis pasan por Bizkaia, y abre la puerta a las paradas intermedias en función del flujo de viajeros. Así, algunas rutas de los autobuses de titularidad estatal pararán en municipios como Galdakao y Balmaseda.
En el caso de que se decida no liberalizar las líneas, el ministerio espera tener adjudicadas las nuevas concesiones en un plazo de dos años desde la aprobación del nuevo mapa. La tramitación parlamentaria abre la puerta a que dentro de una misma línea puede haber varias empresas con la misma concesión.
El artículo 50, el relativo a la liberalización de las líneas, es el que enfrenta a los distintos grupos parlamentarios. Los únicos partidarios de mantener el sistema actual de concesiones son Unidas Podemos y el BNG, que proponen en las enmiendas presentadas su supresión, ya que no comparten la posibilidad de liberalizarlo.
Por su parte, el PP junto a los independentistas catalanes plantea cambiar la expresión 'libre competencia' por 'no exclusividad', lo que también permitiría a varias empresas circular por el mismo corredor, siempre que el Ministerio de Transportes lo hubiera autorizado previamente.
En sus alegaciones el PNV pone como condición a la liberalización que se imponga la obligación de prestar el servicio cumpliendo las condiciones de «accesibilidad universal».
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