Un acusado de corrupción se jacta de cobrar al Gobierno vasco por trabajos que no hace

«Es dinero que va entrando sin hacer nada, que es todos los años y que eso sigue, que es algo que tiene el Gobierno vasco con ellos y les da tres millones de euros todos los años, y con el Gobierno vasco me contratas 1.000 horas y te hago 500 y el resto, pues ya veremos». Son declaraciones del empresario vizcaíno José Alberto Bueno Regodón, grabadas por la Policía Nacional en diciembre de 2016 y recogidas en los 8.000 folios que componen el sumario de la causa abierta tras la operación policial 'Enredadera', que destapó hace apenas un mes la mayor trama de corrupción municipal de la historia reciente de España. Una red de amaños de contratos vinculados con la seguridad vial que ha salpicado a una decena de comunidades autónomas y a unos 40 municipios. Ya han sido detenidas 39 personas, entre ellas 16 alcaldes y 8 jefes de policías locales. Los hechos investigados se remontan en algunos casos a 2010.

En el pinchazo telefónico, Bueno, en prisión provisional por su presunta implicación en el caso, habla de Bilbomática SA, la firma de consultoría informática de la que es propietario junto con su hermano Juan Carlos, también en la cárcel, y de sus últimos contratos. «Ha llegado la adjudicación de Vitoria para pasarle a Gespol. Fenomenal. La adjudicación está a nombre de Aplicaciones Gespol», dice. Se trata de una filial que apenas dos meses antes habían vendido al grupo Sacyr por 250.000 euros y que un juzgado de Badalona considera el epicentro de la trama.

Pero la conversación que mantiene con un tal Óscar va más allá. Así, el empresario le comenta que en temas de I+D+i reciben «casi tres millones de 'pavos'» al año del Ejecutivo vasco, «y que forman horas sin hacer nada», poniendo al descubierto un posible fraude de subvenciones y facturación falsa de la mercantil Bilbomática SA en el que estaría implicado, entre otros, Jaime Matheus Elorza, 'Walter', administrador de la sociedad, quien recibiría dichas ayudas. «Hay que buscar una de esas I+D+I que puedan sacar ellos, que a la Diputación de León, que tiene buena pinta», le responde textualmente su interlocutor. Precisamente sobre el alcalde de la capital castellana, Antonio Silván, crecían esta semana las sospechas tras conocerse otras grabaciones de la Policía Nacional en las que el regidor facilitaba al empresario José Luis Ulibarri, ya en prisión, información sobre el desarrollo de las mesas de contratación.

El Gobierno vasco negó el viernes la concesión de subvenciones a Bilbomática SA por el importe anual que afirman llevarse sus responsables. «No hay ninguna empresa que reciba tres millones al año en I+D+I», aseguraron desde el Ejecutivo autónomo. No obstante, la mercantil sí se ha visto beneficiada por el dinero que reparte la Agencia vasca de desarrollo empresarial, SPRI, para la realización de proyectos estratégicos. En concreto, entre los años 2007 y 2016 le fueron asignados más de 3,2 millones de euros, con cargo, fundamentalmente, a los programas Gaitek, Etorgai y Hazitek. El mejor ejercicio para los intereses de la firma fue 2010, cuando se embolsó más de 474.000 euros.

Las mismas fuentes advirtieron que «en proyectos de este tipo los pagos se hacen siempre muy a posteriori, una vez que la empresa haya presentado toda la documentación». Además, la oficina antifraude de la Unión Europea mantiene abierta una investigación, en la que colabora la SPRI, «por el posible incumplimiento de las horas» que la firma debía realizar en proyectos que le fueron asignados entre los años 2009 y 2012. «Ese dinero está pendiente de pagar», insistieron.

Al margen de las declaraciones de uno de los implicados en el caso que salpican al Gobierno vasco, la macrooperación 'Enredadera' desarrollada por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional -con 580 funcionarios movilizados en 200 puntos de diez comunidades autónomas-, también ha tenido su reflejo en Euskadi. En concreto en Vitoria, donde no se practicaron registros ni detenciones, aunque el juez que instruye el caso reclamó al Ayuntamiento copia compulsada de los tres contratos suscritos con Aplicaciones Gespol, la firma investigada, por un valor total de 80.000 euros. El Consistorio de Amorebieta también dejó en manos de la misma firma la implantación de un sistema de control de accesos en régimen de rotación para el aparcamiento de la calle Ixer.

Pero la relación de Bilbomática SA con las instituciones vascas ha sido intensa durante los últimos 25 años. Una orden del 10 de enero de 1995 ya dejaba en manos de la compañía la mecanización de los trámites y aspectos policiales del proceso sancionador de tráfico de la Ertzaintza por un importe de 240.000 euros. También las tres diputaciones, y ayuntamientos... Como el de Bilbao, donde el sindicato ELA denunciaba en octubre de 2002 «irregularidades» en la contratación de los servicios informáticos que el Consistorio hizo con Bilbomática, ahora bajo sospecha, que incluso tiene en su haber contratos con la Agencia Espacial Europea y con la de Medio Ambiente.