Más de 900 presos esperan volver a España para cumplir condena

Son algunos de los españoles que se encuentran presos en cárceles en el extranjero. El número total asciende a 907 personas, según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fecha 31 de julio. Y a esta cifra habría que sumar el caso de Daniel Sancho, detenido y encarcelado este mes de agosto en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta.

Este tipo de casos, aunque mediáticos por la crudeza de los crímenes cometidos por españoles, son los delitos menos frecuentes. Los datos reflejan que eltráfico de drogas se erige como la razón más común detrás de las detenciones de nacionales en el extranjero, un 55,5% de los casos, de acuerdo a una respuesta parlamentaria del Gobierno a EH Bildu de noviembre de 2022 con cifras actualizadas hasta el 30 de septiembre de ese año.

«No os penséis que son capos. Es narcotráfico a pequeña escala, personas vulnerables con necesidades extremas que acaban haciendo de mulas», explica Javier Casado, director de Fundación +34, que da asistencia a españoles en situación de desamparo en el extranjero. «Asistimos en todas las cárceles del mundo». Preocupa, por ejemplo, la situación de algunas compatriotas que han dado a luz en prisión y cuyos hijos no conocen otra realidad más allá de las cárceles de Bolivia o Paraguay.

En el escalafón de ilícitos cometidos por españoles en el exterior, el robo y el asesinato ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con 56 y 33 casos. Le siguen el homicidio, el abuso a menores y los delitos de terrorismo. Cabe recordar que hay 12 etarras que siguen cumpliendo condena en Francia, según los cálculos de la asociación de familiares de presos Etxerat.

Además el informe del Gobierno, al que tuvo acceso ABC, destaca cinco países sobre los demás, en lo que a número de detenidos nacionales se refiere. Francia lidera la lista con 187 detenidos, según los datos actualizados desde Exteriores, seguida por Alemania, Marruecos, Bélgica y Portugal. En total, hay casi 500 españoles repartidos en prisiones europeas; más de 100 en cárceles latinoamericanas y otros tantos en africanas; y alrededor de una treintena de detenidos tanto en Estados Unidos como en Asia, siempre de acuerdo al mencionado informe.

Patricia González Sanz, responsable del Programa de Atención a Personas Detenidas en el Extranjero, del Movimiento por la Paz, explica en conversación con este diario que «uno de los objetivos más importantes es conseguir que los presos puedan volver a España». Destaca la dureza de algunas de estas prisiones -«las hay terroríficas»- y cuenta que desde la asociación velan por que se respeten los derechos humanos. «El otro objetivo es mediar e informar a la familia del detenido, que es la que al final sufre las consecuencias. Se intentan agilizar los trámites con la ayuda de las embajadas o los consulados, Exteriores y el Defensor del Pueblo».

En lo que respecta a la situación jurídica de los españoles que se encuentran en esta situación, más de la mitad están condenados por sentencia y, de ellos, la mayor parte lo ha sido a penas inferiores a diez años. No obstante hay 27 personas cumpliendo cadena perpetua en el extranjero, como Fátima Ofkir Reyes, una joven catalana encarcelada en Omán por tráfico de drogas, o Pablo Ibar, el ciudadano hispano-estadounidense de origen vasco encerrado en una prisión de Florida (EE.UU.) por un triple asesinato que tuvo lugar en 1994. Se ha intentado, sin éxito, traer a ambos nacionales de vuelta a España.

Además hay una persona que se enfrenta la pena de muerte. Se trata de Ahmed el Saadany Ghaly, un farmacéutico de nacionalidad española y origen egipcio, condenado en Egipto por matar de un disparo a su cuñado en 2016. Él defiende su inocencia. Los intentos de trasladarle a nuestro país también han sido infructuosos.

Porque no siempre es sencillo. España es uno de los países europeos que suscribe, junto con Estados Unidos o Japón, el Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas, firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983. En él, los firmantes se comprometen a facilitar el traslado de personas condenadas para cumplir sus penas en su país de origen. Además España cuenta en la actualidad con hasta 34 convenios bilaterales de traslados en vigor, según el informe. Estos acuerdos permiten que España y sus contrapartes -desde Argentina hasta Vietnam, pasando por Arabia Saudí y Brasil- establezcan términos específicos para el traslado de personas condenadas entre sí. No obstante aunque abren una puerta no garantizan un fácil retorno a nuestro país.