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En 2015, la nueva ley vasca de vivienda incorporó un novedoso concepto: derecho subjetivo. Esto supone que las administraciones deben garantizar que los ciudadanos que carecen de recursos económicos para conseguir un hogar «digno y adecuado» tengan acceso a él. En la práctica, significa que ... el Gobierno vasco les reconoce de manera preferente como adjudicatarios de un piso en alquiler social y, en caso de no existir domicilios disponibles, les otorga una prestación económica de hasta 300 euros mensuales.
En la actualidad, según ha informado este martes el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, son 7.659 las familias que tienen en vigor este derecho, la mayoría, 5.037, en Bizkaia, seguida de Gipuzkoa (1.218) y Álava (1.404). A ellas pueden sumarse otro millar más, ya que desde el área que dirige Iñaki Arriola han remitido una carta a 1.264 personas para informarlas de que cumplen los requisitos para solicitar un piso.
Las condiciones que debe reunir un ciudadano para pedir el derecho subjetivo de vivienda son no estar en posesión de un piso, estar inscritos en el registro de solicitantes de alquiler de Etxebide desde hace al menos cuatro años y no rebasar unos ingresos ponderados. En el caso de los hogares con tres o más miembros, no deben superarse los 15.000 euros anuales; 12.000 para unidades convivenciales de dos personas; y 9.000 para un único residente.
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