500.000 euros al año para ayuda a los migrantes en Lesbos y el Mediterráneo

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, junto al director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, viajaron ayer hasta Lesbos junto a representantes de Zaporeak para conocer el campo de refugiados y dar visibilidad a la labor humanitaria de esta organización, que «cuenta con apoyo económico del Gobierno vasco desde los inicios de su andadura», apuntó. Además, aprovecharán el viaje para conocer las carencias de los colectivos vulnerables que residen en Kara Tepe y reunirse con las autoridades. «Queremos dar a conocer la labor humanitaria que se realiza con fondos del Gobierno vasco», dijo la consejera, que aprovechó para reclamar corredores humanitarios seguros. La crisis de Ucrania ha desviado la atención humanitaria y de la ciudadanía y la asociación vasca es una de la decena de organizaciones que todavía permanecen en la zona pese a las presiones, que han incluido ataques violentos de personas vinculadas a Amanecer Dorado, que llegaron a agredir a los voluntarios. En la isla trabajaban 70 organizaciones humanitarias de forma simultánea, pero ahora quedan muy pocas. Aun así, la isla recibe nuevos habitantes cada día.

Durante su estancia, Melgosa y Legarreta participarán en reuniones con representantes de Acnur; con Stratis Kytelis, alcalde de Mitelene; con Dimitrios Kantemnidis, director general del campo de refugiados Kara Tepe II, con las ONGs When We Band Together y Because We Carry, que también trabajan en la zona con mujeres y niños y con otras partes interesadas involucradas en la respuesta humanitaria en Lesbos.

Según explicaron los representantes de Zaporeak que viajan con la delegación, los refugiados siguen llegando cada día a la isla griega. Los que consiguen no ser enviados de inmediato de vuelta al mar en las conocidas como 'devoluciones en caliente' son enclaustrados durante años en el campo de refugiados, donde abundan también las vulneraciones de derechos humanos, como los ataques a las mujeres. Los permisos para salir son muy estrictos y apenas tienen posibilidades de acceder al mercado laboral. Por eso abundan los trastornos de salud mental. Las condiciones son mejores que en el anterior, porque residen en casetas de obra y no en tiendas de campaña y los baños presentan un mejor estado higiénico. Pero para muchos niños el campo es todo lo que conocen. Cerca de un millar de menores residen allí y muy pocos acuden a una escuela pública griega, por lo que se vulnera su derecho de acceso a la educación. Aunque entre las asociaciones y los propios refugiados han surgido iniciativas para formarles y enseñarles lenguas y matemáticas, se trata de una formación no reglada que no les «contará» a la hora de escolarizarse en sus futuros países de acogida.