El 42% de los vascos ha renunciado alguna vez este año a poner la calefacción por su elevado precio. Muchos de ellos puede que lo hayan hecho por ahorrar, por los años que llevamos de costes desbocados, pero otros se han visto empujados a esa ... situación por la imposibilidad de hacer frente a las facturas. El bono social térmico, puesto en marcha en octubre de 2018 por el Gobierno central –y gestionado por el Ejecutivo autonómico–, se dirige a evitar precisamente situaciones como esta. Y este año llegará a unos 50.400 residentes en Euskadi para ayudarles a compensar los gastos en calefacción, agua caliente y cocina.
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Los beneficiarios de este programa, dedicado a los consumidores con más dificultades, comenzarán a percibir a partir de este mes entre 262,25 y 797,22 euros, en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se encuentra el municipio en el que viven. Se trata de un único pago de carácter anual –compatible con otro tipo de ayudas que tengan la misma finalidad– que se otorga de forma directa a quienes tenían concedido el bono social de electricidad a 31 de diciembre.
Las personas a quienes les corresponda este apoyo económico no tienen que realizar ninguna solicitud. En unos días les llegará una carta a casa informándoles de la cantidad que percibirán y dispondrán de diez días para hacer modificaciones de datos, por ejemplo del número de cuenta. Del pago se encargará la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco, que gestiona los 21,5 millones de euros transferidos para este fin por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los vascos que recibirán este subsidio se han incrementado en un año en cerca de un 9% (en 2022 eran 46.270). Y también se han disparado la aportación del Gobierno central –el año pasado la dotación presupuestaria ascendía a 9,4 millones– y las cantidades que se entregan. La cuantía que percibieron los beneficiarios del programa en la recta final del año pasado para sufragar los gastos derivados del frío oscilaban entre 128,86 y 373,17 euros, la mitad que los importes actuales.
Los pagos, en cualquier caso, van también esta vez retrasados. Se trata de las cantidades que corresponden por el año 2022 –estamos a finales de 2023–, un montante que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales recibió en la recta final del pasado año. Su intención era comenzar a realizar las transferencias a cuenta «a partir de finales de junio o principios de julio», una vez aprobado el decreto que regula de forma más pormenorizada estas ayudas. Sin embargo, en vez de en el primer semestre, como pretendían, la normativa no se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el pasado 23 de octubre.
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