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Matar Kané, senegalés de 44 años, lleva doce años en España y desde hace cuatro, reside en Bilbao. Ahora mismo vive con su mujer y sus dos pequeñines en el barrio de La Peña. Otros dos de sus hermanos también son vecinos de la villa y ... uno de ellos regenta un locutorio en San Francisco, el barrio más multicultural de la ciudad. Kané es uno de los cerca de 5.000 residentes en Euskadi que cada año comienzan a realizar los trámites para adquirir la nacionalidad española por la vía de la residencia –la más utilizada, porque hay otras fórmulas excepcionales, como por carta de naturaleza o decisión del Gobierno–, que el año pasado lograron 4.502 inmigrantes.
Se trata de un proceso farragoso que le ha requerido residir diez años de forma legal y continuada en España y que se complicó un poco más desde octubre de 2015, cuando se añadió el requisito de aprobar dos exámenes, uno de conocimientos generales, el CCSE, y otro de dominio básico del español, el DELE. Kané llegó a España en 2007 gracias al programa puesto en marcha por el Gobierno para fomentar las contrataciones en origen y evitar las sangría de ahogados en las pateras. Se enteró en Dakar, su ciudad, se apuntó y le cogieron. Tuvo dos semanas de formación en Madrid y después les repartieron en sus puestos de destino: él se fue a Sacyr Vallehermoso, en Torrelavega, donde estuvo trabajando durante ocho años hasta que cerró «por la crisis». Después, se quedó en el paro. Interrumpió la prestación para irse unos meses a su país, y después llegó a Bilbao, con sus hermanos, «porque hay industria y más posibilidades de trabajar». Trajo a su mujer. Ahora, lleva otros dos años buscando empleo, con cosillas esporádicas, como ejercer de traductor en los juzgados de la villa. «He hecho muchas entrevistas, pero luego no me llaman nunca», se queja. Está trabajando en el desarrollo de un proyecto empresarial de importación y exportación en la cooperativa Koop SF 34 tras estudiar un curso de comercio internacional.
Hace cuatro meses que pasó el examen de nacionalidad que puso a prueba sus conocimientos sobre la historia y cultura de España. Los originarios de países de habla no española o portuguesa y que no hayan estudiado en territorio nacional deben aprobar también una prueba de idioma que certifique que tienen un dominio básico que se corresponde con un nivel A2 en el marco común de las lenguas. Entre las dos cuestan casi 200 euros y otros 102 el trámite de nacionalidad.
La Universidad de Deusto, junto con el Instituto Hemingway, son dos de los centros en los que se permiten realizar estas pruebas. En San Sebastián, se hacen también en los centros de Deusto, Lacunza y Tandem, aunque los exámenes están gestionados por el Instituto Cervantes, que organiza convocatorias cada mes.
«Solo en Deusto, más de 5.000 personas han hecho el examen sociocultural desde que existe la prueba», explica María Pilar Díez, directora del centro de idiomas de esta institución. Consta de 25 preguntas sobre Gobierno y legislación, historia y sociedad españolas, todas de tipo test y hay que contestar bien 15 de ellas. «Algunas son complicadas, y también les pueden preguntar por los ríos o por Rocío Jurado», explica. El Instituto Cervantes ha colgado un manual con 300 preguntas de entre las que se escogen las que van a caer y hay una aplicación de ayuda «con la que estuve seis meses estudiando», asegura Matar Kané. «Me preguntaron por políticos que habían gobernado y por Julio Iglesias», comenta, divertido. «Para mí fue difícil, porque también hay que estudiar a los escritores históricos», asegura. Aunque habla castellano perfectamente, el examen del nivel de idioma le resultó más complicado, «porque no había tiempo de reflexionar». El certificado de haber aprobado las pruebas solo es uno de muchos papeles que deberá presentar a la hora de cursar su solicitud. Los aspirantes a la nacionalidad deben acreditar carecer de antecedentes penales en su país de origen y un periodo de residencia legal continuada que oscila entre los doce meses y los diez años.
Los ciudadanos que se hayan casado con un español pueden pedirla al de un año, los de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal u origen sefardí al de dos, y los que hayan adquirido el estatuto de refugiados (el año pasado hubo 1.595 solicitudes desde Euskadi y este año ya van 2.075), pueden iniciar los trámites a partir de los cinco. Matar es senegalés. Ha tenido que esperar una década. Adquirir la nacionalidad española es una garantía de tranquilidad que requiere de mucha paciencia. E implicará, en su caso, renunciar a la propia, porque solo los foráneos que pueden ser españoles tras dos años pueden conservar la doble nacionalidad. Será un extranjero en su país, Senegal. «Y yo aquí he venido a trabajar, pero si me sale trabajo en África me quiero volver», manifiesta.
1.016 personas originarias de Marruecos lograron la nacionalidad en española en el País Vasco el año pasado, el colectivo más numeroso. Después, hubo 544 de origen boliviano, 313 colombianos, y 287 paraguayos.
1.595 peticiones de asilo hubo en Euskadi el ejercicio pasado, de las que casi un millar se cursaron en Bizkaia. En lo que va de año, hay 2.075 y los solicitantes proceden de Venezuela, Nicaragua, Colombia y Honduras.
Si en algo coinciden los abogados especializados en extranjería es en el atasco monumental que existe en los despachos del Ministerio de Justicia, que hace que la solicitud, que debería ser respondida en año, tarde un mínimo de tres o cuatro en ser resuelta. Los solicitantes pueden elevar un recurso ante la Audiencia Nacional para exigirla, pero eso requiere de cierto presupuesto. Este colapso ha provocado que recientemente el Gobierno haya puesto en marcha un plan de choque que contempla, entre otras medidas, que los funcionarios puedan realizar horas extras y contrataciones. En marzo había al menos 363.427 expedientes pendientes de resolver, (frente a las 100.000 solicitudes de asilo).
El Brexit está provocando un aluvión de peticiones en las islas y en el sur. Otra de las dificultades, explica Iñigo Portilla, experto en extranjería de la Cruz Roja en Bizkaia, es que el proceso está telematizado. «Es recomendable hacerlo por internet, porque hay más garantías de que se resuelva con más rapidez». No todo el mundo es competente y se requiere de certificado digital, así que muchos optan por contratar a abogados, con el coste que eso supone, y que se suma al de las tasas que hay que pagar. A la hora de solicitar la nacionalidad, ser ciudadano europeo no acarrea ninguna ventaja. Jose María Pey, responsable de la comisión de extranjería del Colegio de Abogados de Bizkaia, expone que un alemán o un holandés, un francés o un italiano, tienen que esperar diez años para solicitarla, frente a los dos de un latinoamericano. En cuanto a las personas que llegan a España en situación irregular, deben aguardar tres años antes de solicitar su primera tarjeta de residencia por arraigo.
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