Más de 4.500 conductores son descubiertos cada año sin seguro en las carreteras vascas

Esta infracción es grave y, como tal, «conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 3.005 euros», confirma el RACE. Todos los vehículos están en la obligación de tener, como mínimo, un seguro de Responsabilidad Civil (RC). Circular sin él puede suponer, además de la multa y penas de cárcel en caso de accidente, la posible inmovilización del coche de uno a tres meses si ha habido reincidencia. La ley incluso contempla una retención de hasta un año si ha habido «quebrantamiento del depósito». Es decir, si se ha obviado una inmovilización previa. Solo será «liberado» cuando se acredite que ya se dispone de amparo legal. No hay que olvidar, que es el propietario quien carga con los gastos de la retención, y que únicamente se podrá recuperar si estos han sido pagados.

En caso de accidente, las consecuencias de salir a la carretera sin póliza salpican incluso si el conductor indocumentado no es el culpable del siniestro. De hecho, en esa circunstancia «pasará a ser automáticamente el culpable, es decir, que asumirá los costes que conlleve», según especifica la normativa. Ello abarcará desde la reparación, hasta el pago de los gastos médicos y personales de los ocupantes del coche contrario. Si en el suceso, por ejemplo, una señal se rompe o se causan desperfectos en la calzada, también irán a la factura de la parte no asegurada.

La realidad es que estos infractores son un lastre para el resto de los conductores. Son culpables de que quienes sí cumplen la ley deban pagar, sí o sí, «un recargo de 2,1 euros en sus pólizas, en el caso de los utilitarios, y de 9, en los camiones», confirman las compañías. Los vehículos industriales la ven incrementada en 10,5 euros, mientras que los dueños de ciclomotores pagan 0,3 más. Esa cuantía va a parar al Consorcio de Compensación de Seguros, que es quien cubre los gastos ocasionados cuando uno de estos conductores tiene un accidente. Pero ¡cuidado!, una vez indemnizadas las víctimas, pasará la factura a quien transitaba ilegalmente.

En lo que va de 2018, ya ha pagado 4,2 millones de euros en compensaciones en siniestros de este tipo en toda España. En Euskadi, la cuantía asciende a 471.900 euros. Según las cifras aportadas por el Consorcio, en 2017 el gasto total alcanzó los 38,2 millones. En cuanto a expedientes, llama la atención que, solo en el País Vasco, hasta el 31 de julio, haya gestionado ya 300, muy cerca de los 499 que tramitó en todo el año pasado.

Además de los bolsillos del resto de los asegurados, el fondo común de este organismo se nutre de las multas. La legislación establece que «el 50% de lo que se recaude por carecer de seguro», debe ir a parar a sus arcas «para el pago de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico con no asegurados».

Según datos de la Dirección General de Tráfico, entre 2015 y el año pasado se impusieron 377.576 sanciones, a las que habría que añadir las de Cataluña y Euskadi. En total, más de 400.000. Y esos son los que se «cazan». La propia institución calcula que en toda España existen alrededor de dos millones de coches que incumplen la norma.

No se trata de un problema solo español. La UE han cifrado en 870 millones de euros el gasto que ocasionan los accidentes en los están involucrados coches sin asegurar. Los números preocupan hasta a la Comisión Europea, que ha reclamado a los países miembros que endurezcan los controles y sanciones.