A vueltas con la guerra

La equiparación de víctimas solo en el plano de la intervención respalda la conveniencia de la nueva Ley de Memoria. Verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos: ese es su inobjetable marco. Sobre lo primero, ¿cuál es el problema para que después de ochenta años se reconozca que la guerra fue consecuencia de un golpe de Estado fallido que pretendía establecer por la fuerza una sociedad homogénea y que desarrolló ese objetivo durante una larga dictadura? Volvamos al terrorismo: si no dejamos claro que fue un crimen político, no un error, no una pelea entre hermanos, sino un proyecto de eliminación del Otro, partimos de una base errónea.

La responsabilidad del Estado en la localización de los desaparecidos en cunetas y fosas es el mayor debe de legislaciones anteriores: remitía la misma a los familiares y asociaciones, y asumía solo el acompañamiento. Ahora se reconoce que no es un asunto familiar. ¿Les suena lo de la privatización del dolor de las víctimas del terrorismo y lo que supone políticamente? Las víctimas de uno y otro caso son monumentos contra el totalitarismo, no por lo que eran o hicieron, sino por lo que pretendían quienes actuaron contra ellas. En esa línea, una política de archivos menos opaca facilitaría la labor de los historiadores, los únicos que razonablemente y con una Ley de Amnistía de por medio pueden identificar a los victimarios sin mayor desgarro social.

Lo mismo vale para la justicia. La Transición «echó al olvido» el pasado, acordó no utilizarlo como argumento para el combate político. No se impidió que franquistas siguieran activos políticamente, pero se les demandó una renuncia implícita a sus modos anteriores. ¿Les suena esto con el final de ETA? El pasado no se utilizaba, pero se investigaba. Ahora es el Estado el que de nuevo asume su responsabilidad con una Fiscalía de Sala, no para condenar, sino para investigar. No es una Causa General del revés, sino un esfuerzo porque la otra España no siga invisibilizada.

La reparación será moral, no solo por el tiempo transcurrido, sino porque la democracia llegó por reforma y eso trae estas consecuencias. Reparación es ser reconocido como víctima -más allá de diferentes compensaciones concedidas en los últimos decenios-, constatar que empresas se lucraron con trabajo forzado o que la Ley de Responsabilidades Políticas desproveyó a miles de personas de sus pertenencias.

La no repetición se apoya en la convicción precisa y compartida del carácter del mal que dio lugar a todo esto. Se declararán nulas condenas de tribunales injustos y de causas sin garantías. Se pondrá a las entidades que se reclaman de ese pasado ante una ley que les saca de la misma si hacen apología de éste. Mediará la libertad de expresión, pero una ley determinará lo que es lícito y lo que no. ¿Les suena de los 'ongi etorris'? Y se resignificarán monumentos para que expliquen por sí mismos qué fue aquel tiempo, no para que lo glorifiquen. Se hará un esfuerzo para que los jóvenes no ignoren por igual a Miguel Ángel Blanco y a Emilio Mola. Se revocarán distinciones debidas a la estricta colaboración con la dictadura o la guerra, no con el tiempo de aquella. Y se reconoce la labor del asociacionismo memorialista y de las víctimas, porque solo ellos han logrado darse visibilidad. Como pasó con las víctimas del terrorismo.

El terrorismo de ETA compartió con el franquismo su mística: dolor, entrega, religión e intolerancia (enemigo, eliminación, deshumanización, violencia). Lo que no reconozcamos a las víctimas de uno de esos dos procesos lo estaremos haciendo en perjuicio de las del otro. Igual así se entiende mejor la necesidad de esta ley.