Los 'viernes sociales' del Gobierno de Pedro Sánchez miran a Euskadi ya que dependen de las fuerzas nacionalistas vascas. Porque una cosa es aprobar medidas en el Consejo de Ministros a través de reales decretos ley y otra bien distinta que estas medidas lleguen a ... entrar en vigor algún día. Ayer tocó 'vender' la prestación para desempleados mayores de 52 años o el registro de la jornada laboral en aras de la igualdad, pero la clave es quién 'comprará' estas medidas, si el Gobierno tendrá la mayoría suficiente en el Congreso para sacarlas adelante.
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Todo se resolverá por detalles y cada voto es esencial dada la gran polarización del Congreso. Además del tradicional protagonismo que siempre tiene el PNV en estas lides, ha adquirido una cierta notoriedad el rol que puede jugar EH Bildu, que sigue a la espera de recibir una llamada de los socialistas. Si la izquierda abertzale se desmarca del PSOE, adiós a los 'viernes sociales' de Sánchez. No caben las medias tintas. Por primera vez en mucho tiempo, el voto del PNV y Bildu valen exactamente lo mismo en Madrid.
Con el Congreso ya disuelto, la partida se juega ahora en la llamada Diputación Permanente. Está integrada por 65 miembros, distribuidos de la siguiente manera: el PP tiene 25; el PSOE, 15; Podemos, 12; Ciudadanos, 6; ERC, 2; el PNV, 1; y el Grupo Mixto, 4 (uno para el PDeCAT, otro para Compromís, otro de Bildu y el cuarto, de UPN). Dicho de otro modo, que el bloque formado por populares, Cs y UPN suman 32 escaños, a uno de la mayoría. Aquí, la cifra 'mágica' es 33. ¿Qué le queda a Sánchez? Cruzar los dedos para persuadir a todos los demás, al llamado bloque de la moción de censura.
El Gobierno tendrá que volver a convencer al batiburrillo de siglas que en su día le aupó al poder y que nueve meses después le sentenció tumbando su proyecto de Presupuestos para 2019. Porque si los 'viernes sociales' dependen de Euskadi, también lo hacen de Cataluña. Tan importante será convencer al PNV y a Bildu, como cortejar a Esquerra o los neoconvergentes. No será fácil.
La tensión es enorme. No sólo entre partidos, también entre los propios nacionalistas catalanes, que están llevando al extremo sus estrategias políticas como consecuencia del juicio al 'procés' que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. Si en ERC lo están fiando todo a la imagen omnipresente de Oriol Junqueras (lo van a situar como cabeza de lista en las elecciones generales y europeas), el espacio dominado en su día por la extinta CiU sigue mirando desorientado hacia Waterloo. Todo depende del expresident fugado, Carles Puigdemont, cuyo único propósito es acabar con el PDeCAT en favor de la Crida o en su caso, de JxCat, y siempre bajo una premisa muy clara: apostar por el 'cuanto peor, mejor'.
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Condicionado por su extrema debilidad, el Gobierno socialista ha hecho del decreto ley su razón de ser a sabiendas de que se trata de un recurso excepcional que debe conllevar una urgencia de cierta enjundia. ¿La hay ahora? Este es el tira y afloja que enfrenta al Ejecutivo y a toda la oposición. Sí, a toda, también al bloque de la moción de censura con Podemos al frente, que ha acusado al PSOE de «electoralismo». Pese a las críticas, el equipo de Sánchez cree que tiene la sartén por el mango porque «un partido de izquierdas tendrá muy difícil explicar a la gente que no aprueba medidas como las de ayer», explican fuentes gubernamentales.
¿Qué harán los nacionalistas? Sigue siendo una incógnita. El que sí se ha posicionado con cierta claridad es el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ya ha dicho que «si el Gobierno tiene prisa para algunas cosas, nosotros las tenemos para que cumpla con lo pactado». En plata, que su 'sí' costará un arreón considerable a la negociación sobre el traspaso de las transferencias pendientes del Estatuto. La izquierda abertzale, por su parte, insiste en recordar al PSOE que debe mover ficha porque su voto favorable no será 'gratis et amore'. Y todo ello bajo la enorme presión que ya está metiendo la derecha.
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33 Son los votos que el Ejetucutivo del PSOE necesita para sacar adelante sus medidas en la Diputación Permanente del Congreso. Está formada por 65 miembros: El PP tiene 25; el PSOE, 15; Podemos, 12; Cs, 6; ERC, 2; PNV, 1; y el Grupo Mixto, 4 (PDeCAT, Bildu, Compromís y UPN).
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