Las víctimas piden reformar la ley para impedir que los condenados por terrorismo vayan en listas electorales

La jornada de homenaje fue instaurada en 2010 y se fijó para el 27 de junio por coincidir con la del asesinato en 1960 de la niña Begoña Urroz, primera víctima mortal por terrorismo en España. En los últimos años los principales colectivos han declinado asistir por el papel que ha adquirido EH Bildu y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este año no ha sido diferente. «Homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo», recalcó hace unos días la presidenta de Covite Consuelo Ordóñez. En una línea similar se expresaron desde la AVT. Aun así, el acto ha contado con la presencia de algunas asociaciones, fundaciones, entidades -como el Memorial de Vitoria, que ha estado representado por su director, Florencio Domínguez- y miembros de los diferentes cuerpos policiales, entre ellos la Ertzaintza.

En un Congreso ya disuelto por la convocatoria del 23-J el acto no se ha realizado en el salón de plenos, sino en la sala donde se reúne la comisión permanente, Caballero, hijo del edil de UPN del mismo nombre asesinado por ETA y presidente de la Fundación de Víctimas, ha lanzado un discurso reivindicativo en el que ha exigido «memoria, dignidad y justicia» y recordó a las 1.454 personas asesinadas en España por diferentes grupos terroristas.

El máximo representante de la FVT ha considerado necesario evitar «tanto el enaltecimiento de los terroristas como la impunidad de sus actos». Ha pedido, asimismo, investigar los casos sin resolver y ha subrayado que «justicia es que el tratamiento a los perpetradores encarcelados, en particular la progresión de grados penitenciarios, se atenga a los criterios establecidos por la legislación pertinente». En un claro mensaje al Gobierno vasco, Caballero ha recalcado que «ningún fin supuestamente deseable o superior puede ser invocado para justificar la subordinación de la justicia porque atentaría directamente contra la dignidad de las víctimas».

Pero, sobre todo, lo que ha exigido son cambios legales porque quienes «cercenaron hasta el derecho a la vida, no pueden pretender ninguna concesión, expresa o tácita, mientras sigan mutilando el derecho a la justicia de las víctimas». Caballero ha recordado el antecedente de la Ley de Partidos, creada para ilegalizar «a los que vulnerasen los principios democráticos, promoviendo, justificando o exculpando los atentados», circunstancias que, «a tenor de la propia ley, concurren cuando estos incluyen regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».

Con este contexto, Caballero ha pedido a los diputados que «den un paso al frente y profundicen en la legislación que ya tenemos». «Eviten que puedan convertirse en representantes de la soberanía popular quienes trataron de destruir los pilares de nuestra convivencia cobrándose la vida de nuestros padres, hermanos, hijos y amigos», ha subrayado. El presidente de la FVT lo ha comparado con los condenados por pederastia que no pueden desempeñar trabajos que impliquen contacto con menores, lo que ha subrayado que es «un importante avance de nuestra legislación». «Sin embargo», ha lamentado, «quienes asesinaron a nuestros diputados o a nuestros concejales pueden aspirar a sentarse en sus escaños».