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El auto de procesamiento contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria aún no es firme. Tanto su defensa como las asociaciones de víctimas y la Fiscalía pueden incorporar testimonios y documentación a la causa ... que instruye la jueza argentina María Servini, que el sábado anunció que el entonces titular de Relaciones Sindicales es «penalmente responsable» de un presunto homicidio de tres obreros que murieron durante las cargas de la Policía Armada -Pedro Mari Martínez Ocio, Romualdo Barroso y Francisco Aznar- en la iglesia de San Francisco de Asís. También se le imputa la responsabilidad en el asesinato con un tiro en la frente del joven Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978, cuando ya ocupaba la cartera de Gobernación (Interior).
Los abogados de la asociación que representa a las familias de los fallecidos en el barrio de Zaramaga y los cientos de heridos que dejó la brutal actuación creen que el exministro, de 87 años, apelará «hasta la última instancia» para retrasar al máximo su imputación formal por unos delitos que se consideran de lesa humanidad. «Tiene el tiempo a su favor porque estamos todos grandes (viejos) y él quiere seguir mateniendo su impunidad de por vida», consideró el abogado Eduardo Fachal en videoconferencia desde Buenos Aires. Una sensación que se constata porque antes incluso de poder analizar los 970 folios del informe de la «doctora» Servini, la defensa de Martín Villa ya anunció que recurriría.
«Este partido no lo estamos jugando solos. Enfrente tenemos enemigos poderosísimos como son Martín Villa y su equipo de abogados. Este fallo lo van a apelar hasta las últimas instancias. La pelota está en la cancha de ellos y se van a defender con uñas y dientes antes de que este fallo quede totalmente firme. Preparan un obús importante para tirar abajo esta primera conquista», añadió su colega Julieta Bandirali.
Porque, a su parecer, el auto de Servini es tan sólo «un primer paso» en un «largo camino» que aún queda por recorrer para ver sentado en el banquillo de una corte en Argentina a quien fue ministro en los primeros gobiernos de la Transición. Tanto los abogados como el portavoz de la Asociación 3 de Marzo, Andoni Txasko, defendieron que un delito de lesa humanidad, como el que se le imputa a Rodolfo Martín Villa, ni prescribe ni queda impune por la Ley de amnistía de 1977. «El Estado español ni juzga ni deja juzgar, da cobijo a cargos franquistas que cometieron violaciones de Derechos Humanos», acusó Txasko, que perdió un ojo por la brutal paliza que le propinó la Policía armada.
Por su parte, los representantes legales de las víctimas no tomarán ninguna acción que acabe dilatando más aún el proceso. Así, se abrieron a recoger los testimonios de más testigos directos de las matanzas de Vitoria y Pamplona, pero descartaron incluir causas distintas al auto que ya consta de 970 páginas. «Existe una base importante de prueba sobre muchos de los hechos denunciados. Nos alienta, nos da fuerza y nos compromete para seguir», consideró Eduardo Fachal.
El letrado que encabeza el equipo legal la denominada 'querella argentina' -que tiene su origen en abril de 2010 cuando se presentaron las primeras denuncias- afirmó que a finales de los años setenta existió un «plan organizado» contra la población civil y que la jueza Servini constata que «toda la estructura montada por el Régimen franquista siguió funcionando bajo la nueva dirección política a cargo del proceso de Transición» en España.
«Mucha sangre acumula Martín Villa sobre su espalda. Nos parece de vital importancia que se empiece por cuatro (víctimas) pero luego se continúe», defendió Andoni Txasko. «Hemos sido capaces de poner en la biografía de Rodolfo Martín Villa una línea que dirá que fue procesado por crímenes de lesa humanidad», ahondó Fermín Rodríguez, que era hermano del joven asesinado en las fiestas de Pamplona en 1978.
La jueza argentina María Servini ha reclamado a las autoridades españolas que identifiquen con nombre, apellidos y cargo a los agentes de la Policía armada que participaron aquel Miércoles de Ceniza en las cargas de San Francisco de Asís.
Según el auto al que ha tenido acceso EL CORREO, la magistrada quiere los datos de quienes componían la undécima compañía de reserva general con base en Miranda de Ebro, que dirigía el capitán Jesús Quintana, y la segunda que llegó desde Valladolid. Servini también ha reclamado documentación sobre la muerte de seis participantes en las manifestaciones a favor de la Ley de amnistía, que se aprobó en 1977.
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