Cuando ETA volvió a poner en la diana a los funcionarios de prisiones

Máximo Casado Carrera, de cuarenta y cuatro años, estaba casado. Era padre de una niña y padrastro de un joven fruto de un anterior matrimonio de su esposa. Era natural de Santa Elena de Jamuz (León), localidad donde la calle que le vio nacer lleva hoy su nombre. Desde 1983 trabajaba en la cárcel de Nanclares de Oca, a diez kilómetros de Vitoria. «Empezó como maestro, dando clases a los presos», relata uno de sus compañeros. Pero tras aprobar unas oposiciones se convirtió en funcionario de carrera y años después, en 1990, logró la plaza de jefe de Servicios. Era, además, delegado sindical de Comisiones Obreras.

«En el trabajo era una persona seria, muy recto, pero luego era otro. Le escuchabas hablar por teléfono con su mujer y cómo cambiaba... Se le iluminaba la cara con su familia, sentía devoción», asegura otro funcionario de prisiones que compartió durante diez años muchos turnos de noche con Casado. Y también alguna que otra pelea de boxeo. «Le encantaba ver esos programas que daban a las cuatro de la mañana en la televisión. Cuando la guardia era tranquila, solíamos verlos. Aún me acuerdo de los nombres de los boxeadores: 'Macho Camacho' y 'Maromero Páez'», evoca.

La amenaza de ETA «preocupaba» en la prisión. También a Máximo Casado. Hasta el rapto de Ortega Lara, la banda había asesinado a tres trabajadores de centros penitenciarios, a la madre de un funcionario, dos reclusos y a un familiar que visitaba a un interno. Con el secuestro del funcionario, la banda planteaba un pulso al Gobierno al presentar el final de la dispersión como exigencia para su puesta en libertad. «Un día estábamos cenando en Nanclares de Oca, Ortega Lara seguía secuestrado y decidimos llamar a la cárcel de Logroño para ver si sabían algo, pero no nos cogieron el teléfono», apunta un compañero de Casado. Fue al finalizar otro turno de noche cuando se enteraron de su puesta en libertad. «Respiramos, fue una alegría enorme», expresa.

Máximo Casado recibió cartas amenazantes durante el cautiverio de Ortega Lara. «Había tenido, además, alguna discusión con vecinos -simpatizantes de Jarrai- durante una reunión de la comunidad», añade otro de los funcionarios. La víctima y sus allegados residieron primero en la colonia penitenciaria con el resto de familias de la cárcel, hasta que se mudaron a un piso en Vitoria. Minutos después del atentado, varios compañeros de trabajo de la víctima se acercaron al lugar de la explosión e intentaron contener su ira. La presión del entorno de la organización terrorista había llevado a Casado a plantearse solicitar el traslado.

Unos días después del asesinato, ETA envió un fax a la cárcel de Córdoba: «Carceleros, tendréis guerra y muerte por todos aquellos compañeros y compañeras patriotas que habéis maltratado física y psicológicamente... Vuestros días están contados», recogía el escrito.

El día posterior al asesinato de Máximo Casado, la catedral vitoriana de María Inmaculada albergó una multitudinaria misa funeral. En el exterior, innumerables banderas rojas de Comisiones Obreras recordaban que ETA había asesinado a un funcionario de prisiones, pero también a un sindicalista. Los restos incinerados de la víctima fueron depositados en el cementerio de su pueblo natal.

Un año después, con motivo del aniversario de su atentado, el Ayuntamiento de Vitoria puso su nombre a unos jardines que se ubicaban junto a su domicilio. Allí se inauguró después un monolito. «Mataron su cuerpo, pero no sus ideas. Me dejaron sin marido. Y a mis hijos, sin padre. Pero las ideas son las ideas y lucharemos hasta el final», proclamó con tono sereno su viuda, Concepción Jaular.

No fue la primera vez que alzaba la voz. El día 26 de octubre de 2000, cuatro días después del atentado, varios periódicos se hicieron eco de una carta que ella misma había enviado. En el escrito anunciaba su decisión de abandonar de inmediato el País Vasco junto a sus hijos -se marcharon a León-. Y no dudó en dirigirse a los asesinos: «Vosotros, miembros de ETA, a los que los apoyáis, qué os puedo decir. Me habéis arrebatado lo que más quería en el mundo, pero desde el inmenso dolor desde el que agradezco a la buena gente su solidaridad, solo puedo deciros que lo único que habéis conseguido es fortalecer infinitamente mi amor por Máximo y por mis convicciones».

El de Casado era uno de los alrededor de 300 crímenes de ETA pendientes de esclarecer. Habían sido condenados dos colaboradores, pero faltaba por resolver la autoría material del asesinato. Hasta hace un año. La Audiencia Nacional condenó a 33 años de cárcel al exjefe del 'aparato militar' Javier García Gaztelu, 'Txapote', por ordenar el atentado, y a otros tres etarras, Iñigo Guridi Lasa, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, por la colocación de la bomba que acabó con la vida del funcionario de prisiones. Fue el primer caso resuelto gracias a los documentos de la banda terrorista enviados a España por Francia a principios de 2018.