Los primeros cuadernos de la memoria de las víctimas de ETA

La iniciativa nació en la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación de José Antonio Rodríguez Ranz, y aspira a reforzar el reconocimiento individualizado de aquellas víctimas y familias que «merecieron una mejor respuesta de la que obtuvieron». Son las de la Transición, un tiempo en el que las víctimas tuvieron que lidiar con el drama en soledad. El Ejecutivo de Urkullu reconoce que en los años 70 y 80 estuvieron especialmente desatendidas y este es «un reconocimiento ético y humano de la injusticia que padecieron». Son también las décadas que concentran más crímenes no resueltos.

Los cuadernos monográficos, de unas 15 páginas, contienen recortes de prensa de la época y una profusa investigación de cada caso realizada por Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). «Lo que aparecen son datos públicos, ya que los sumarios están protegidos por la ley de protección de datos y sólo pueden tener acceso directamente las familias. La única manera de lograr más información sobre estos casos, que han prescrito, es la colaboración de los etarras».

Son los primeros 50 cuadernos pero serán más muy pronto. La AVT trabaja ya en los dosieres de los siguientes años, y el Gobierno vasco irá entregándolos a cada una de las familias a modo de homenaje. Un ejemplar de cada caso quedará depositado en Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Hay 378 asesinatos de ETA sin esclarecer, la mayor parte de ellos en la Transición y los años de plomo.

El 8 de octubre de 1977, una semana antes de que se aprobara en España la Ley de Amnistía, Unceta-Barrenechea había quedado para jugar a pala en el frontón de Gernika, como todos los sábados. Solía trabajar desde temprano en la fábrica de armas (Astra Unceta y Compañía) que fundó su padre y luego acudía a su cita semanal con amigos en la cancha del Jai Alai. Había sido alcalde de Gernika y en aquel momento era presidente de la Diputación vizcaína ya que hasta 1979 no se recuperó el cargo de diputado general. «Me van a matar. Estamos amenazados, pero no cederemos» , vaticinó en una entrevista en 'Abc' meses antes.

Como siempre, Unceta llegó puntual al aparcamiento del frontón a las 12.50 horas y, en el momento en que se disponía a coger la bolsa de deporte del maletero, recibió un tiro en la cabeza y posteriormente una ráfaga de metralleta. Once balas le causaron la muerte en el acto. También fueron ametrallados en su vehículo los dos escoltas, Ángel Rivera y Antonio Hernández, que intentaron esquivar las balas conduciendo marcha atrás pero chocaron contra un coche con tres ocupantes.

El cuaderno de Unceta-Barrenechea califica la situación del crimen como «esclarecimiento incompleto» ya que en 1979 fueron procesados cinco etarras, cuatro de ellos en paradero desconocido. El único que se sentó en el banquillo fue absuelto al no resultar probada su participación.

Era vecino de Llodio y padre de cinco hijos. Tenía 52 años, era empleado de una inmobiliaria y percibía una prestación por un accidente laboral en Maderas Reunidas. No parece el perfil más llamativo para convertirse en objetivo de ETA, pero ese fue el caso de José Luis Vicente Cantón. El día de Nochevieja de 1978, cuando salía de su domicilio en la calle Marqués de Urquijo, se cruzó con tres individuos que llegaban en un Seat 131. Descendió del coche uno de ellos y le disparó a corta distancia varias veces. Su mujer, Gregoria Molinuevo, y una hija se asomaron a la ventana y le vieron tendido en el suelo. Con la ayuda de un vecino lograron llevarle hasta el servicio de Urgencias más cercano donde ingresó cadáver. ETA reivindicó el atentado y le acusó en un comunicado de tener relación con las Fuerzas de Seguridad, una excusa habitual.

Nacido en Bóveda (Lugo) y muy conocido en Llodio porque solía intermediar en la compraventa de inmuebles, su funeral en la iglesia parroquial de San Pedro de Lamuza fue multitudinario. Acudió también una representación del Ayuntamiento liderada por el alcalde. El crimen de José Luis Vicente está considerado como «un caso no resuelto». El cuaderno arroja poca luz al respecto. Constata que en aquellas fechas se detuvo a un comando de informadores que podría estar relacionado con los hechos. El sumario fue sobreseído tras la prescripción de la causa en 2003.

Tenía 27 años, trabajaba en Durango de chapista y estaba afiliado a la UGT. Epifanio Benito Vidal salió del taller el 25 de octubre de 1978, a mediodía, junto a cuatro compañeros y se dirigió caminando hacia su casa para almorzar. En el trayecto se encontró con un hombre que simuló que estaba arreglando un coche junto a otras dos personas. Algo le dijeron y él se quedó charlando con ellos mientras sus compañeros de trabajo avanzaban por la misma calle. Entonces, escucharon los disparos. Ellos mismos contaron en este diario que echaron a correr aterrados y se escondieron en una panadería cercana. Al salir, vieron pasar a toda prisa un Seat 127 blanco y a su compañero con tres tiros en la cabeza. ETA reivindicó el atentado y le acusó de estar relacionado con cuerpos policiales. Su muerte provocó que un grupo de vecinos se manifestara por las calles de Durango tras una pancarta con una ikurriña y el lema 'No más asesinatos'.

En el cuaderno de memoria que recibirá la familia el viernes hay algunos recortes de periódico pero pocas novedades que permitan esclarecer los hechos. «No se logró identificar a los responsables y tampoco enjuiciarlos. El asesinato quedó sin resolver», admite escuetamente el apartado sobre la situación procesal. Se dictó una orden de sobreseimiento provisional en 1979 ante la imposibilidad de identificar a los autores.