El Gobierno central muestra su «satisfacción» por la sentencia de Estrasburgo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado esta mañana su «satisfacción jurídica» por la sentencia hecha pública por el Tribunal de Estrasburgo que da la razón a España a la hora de fallar en contra de que los etarras resten de sus condenas en España las penas cumplidas ya en Francia. A la espera de leer al detalle los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Derechos Humanos, Marlaska se ha limitado a hacer una valoración positiva de la sentencia. Y es que el ahora ministro del Interior, ha recordado este martes, fue uno de los ponentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en 2014 falló en contra de los recursos presentados por los primeros cuatro miembros de ETA para descontar sus penas en el país galo, y que, ha remarcado Marlaska, recibió después el respaldo del Supremo.

La Audiencia Nacional dictaminó que la aplicación de la norma marco de la UE de 2008 que permite acumular las penas cumplidas en otros países comunitarios se había cumplido correctamente. El Gobierno central, entonces en manos del PP y con mayoría en el Congreso y en el Senado, incluyó una disposición adicional a dicha normativa europea que puntualizaba que en ningún caso serán tenidas en cuenta para su aplicación las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010, lo que dejaba fuera prácticamente la totalidad de los casos.

La Audiencia Nacional se planteó incluso preguntar al tribunal de Luxemburgo -distinto al de Estrasburgo- si dicha incorporación por parte de España excedía algún límite, sí bien finalmente se descartó esta vía. El Pleno de la Sala de lo Penal, presidido por Marlaska así lo determinó. La decisión volvió, no obstante, a dividir al tribunal. Once jueces no vieron motivos para plantear esa consulta a Luxemburgo, frente a los nueve que consideran que había que haber tomado ese camino, y descartar de esa manera un sonrojo como el que supuso el rechazo internacional de la 'doctrina Parot'. Un portazo que en esta ocasión no se ha producido.

Ha sido una «sorpresa agradable». Han coincidido esta mañana los principales colectivos de víctimas del terrorismo. Todos, sin excepciones, se temían una sentencia similar a la que ocurriera hace unos años con la 'doctrina Parot' y que España volviera a recibir un tirón de orejas por parte del Tribunal de Derechos Humanos. No ha sido así. Pese a que las asociaciones y fundaciones de damnificados ya tenían previsto pedir al Gobierno central que recurriera ante la Gran Sala una posible sentencia en contra de España, las tornas cambiaron.

Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Así, desde la AVT, los más activos -están personados en la causa- en la defensa de la no acumulación de las penas en Francia, se congratularon por la decisión de Estrasburgo. Con especial atención a que el alto tribunal, «no vea una vulneración de derechos humanos» en la aplicación de la norma Marco europea en España. «Es una decisión de justicia porque confirma que España no ha vulnerado los derechos humanos de los terroristas por no descontar las condenas francesas», pero también «porque las víctimas no tendrán que volver a sufrir lo que sufrieron con la desestimación de la 'Doctrina Parot'», ha manifestado su presidenta, Maite Araluce.

También el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en Euskadi ha querido valorar «positivamente que Estrasburgo haya avalado que España no compute las condenas de los etarras en Francia». Ha mostrado su «complacencia» con la sentencia emitida esta mañana porque «significa que se ha defendido en Estrasburgo nuestro Estado de derecho, nuestro ordenamiento jurídico y sus razones para mantenerlo», afirman.

Covite ha considerado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho «justicia», dado que un fallo en el sentido contrario hubiera supuesto «la libertad inminente de una decena de etarras y la reducción significativa de condena de otra veintena». «Hubieran cumplido una pena proporcionalmente muy inferior a la gravedad de los delitos cometidos en España, que son los más graves de nuestro código penal». El colectivo recuerda que la pena que cumplen los etarras en Francia «se debe a delitos como la pertenencia a banda armada, tenencia de armas o de documentación falsa, mientras que en España deben cumplir condena por delitos como atentados terroristas con resultado de muerte o de lesiones».