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Fernando Grande Marlaska (Bilbao, 1962) llega puntual a la entrevista en la sede del Ministerio del Interior. Es miércoles. Acaba de acudir al acto de presentación de la propuesta electoral del PSOE junto al presidente, Pedro Sánchez, y el resto de su Gabinete. Cabeza de ... lista por Cádiz, Marlaska ejerce de ministro, de candidato y de magistrado. Tiene muy claro que el mensaje hasta el 28-A debe ser 'programa-programa' y, al contrario que otras formaciones, es reticente a hablar de pactos hasta después de las elecciones. Asegura que él «no excluye a ningún ciudadano español». Ahora bien, pone como línea roja la Constitución y la ley. Si algo le molesta especialmente al responsable de la cartera de Interior es que se acuse al PSOE de «anticonstitucional» y al Gobierno de «haber pactado con los independentistas» y de «mentir a las víctimas del terrorismo» en materia penitenciaria.
– Será su primera campaña. ¿Cómo afronta el reto de ir de mitin en mitin?
– Soy bastante ignorante al respecto, la verdad. Pero veo que las campañas ahora son más de interactuar con la gente y no tanto de mitin. Lo afronto con mucha ilusión, de lo contrario no me habría embarcado. Tras nueve meses de intenso trabajo, me ha parecido algo muy natural poder seguir formando parte de este proyecto. Yo me comprometí y sigo comprometido.
– Candidato por Cádiz, ¿por qué no por Bizkaia o por Madrid?
– En Bizkaia está el PSE y quien tiene que encabezar esa lista es su máximo referente, que es el lehendakari Patxi López. Lo contrario sería ilógico. Y en Madrid, también. La idea que tiene el presidente es que los ministros puedan encabezar listas en diferentes provincias para trasladar el proyecto del partido a todo el país, a modo de correas transmisoras. ¿Por qué Cádiz? Yo he tenido una relación directa en estos nueve meses de Gobierno con problemas que les afectan, como son la delincuencia organizada, el narcotráfico y la inmigración.
– Se suma a la pugna política en un momento de especial crispación. ¿Cómo está viendo el papel de la derecha?
– Yo veo tres partidos que cada vez se están confundiendo más entre ellos y que no tienen muy claro lo que la sociedad española está pidiendo y ha pedido durante los últimos años. No quiere vueltas atrás. Es eso lo que genera crispación. Hay una preocupación y una ocupación permanente por llegar al poder cueste lo que cueste. Ahora ya no es ni siquiera posverdad, ahora es falsedad absoluta.
– ¿Cómo lleva que se les acuse de no ser constitucionalistas?
– ¡Cómo se puede decir eso con tanta impunidad! ¡Y cómo pueden quedarse tan tranquilos sabiendo que les está escuchando la gente! Poner en duda el constitucionalismo de un partido de 140 años de historia, que ha gobernado en España y en todas las comunidades autónomas y que ha demostrado su compromiso permanente con la Constitución es muy grave. Eso sí que es crispar. Y el PSOE está por encima de eso. Luego ellos dicen que se ocupan de lo social, de la economía... Pero su único discurso es apartar al Partido Socialista, precisamente, de la senda constitucional.
– Las encuestas dan como vencedor al PSOE, pero con dificultades para gobernar. Tocará hacer aritmética.
– Hay que pactar, dialogar y convenir. Yo apuesto por acordar con quienes asuman las cuestiones principales del proyecto socialista: crecimiento económico acompañado de una redistribución social.
– ¿Ve posible reeditar la votación que permitió que saliera adelante la moción de censura contra Rajoy? Parece que tendrán que elegir entre Ciudadanos o las formaciones independentistas.
– Cuando se votó la moción no hubo un pacto con un programa de Gobierno. El PSOE tiene un proyecto que ha dejado claro en estos nueve meses y que tiene recorrido. Muchos decretos ley han sido apoyados por Ciudadanos...
– No es lo mismo...
– Yo no puedo decir si aceptaré o no un voto.
– El ministro José Luis Ábalos se mostró más favorable a pactar con Ciudadanos que con los independentistas.
– Nuestra política es dentro del marco de la Constitución y de la ley. El PSOE y el Gobierno se ha movido, se mueve y se moverá bajo esos términos.
– ¿Qué le parecería una alianza PSOE-Ciudadanos-PNV?
– Hay gente que habla de acuerdos antes de las elecciones, pero yo a día de hoy le digo que lo que buscamos es el pacto con la sociedad española, con lo que demanda de verdad.
– Albert Rivera ha vetado cualquier futuro pacto con el PSOE y ha ofrecido un gobierno de coalición al PP.
– Me parecen, y lo voy a decir claramente, de una inmadurez manifiesta, incluso diría de una inmadurez intelectual. Yo no excluyo del pacto a ningún ciudadano español.
– ¿Cuáles serán sus líneas rojas para conformar mayorías?
– La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
– Adriana Lastra dijo que nunca pactaría con Vox.
– Es que Vox está volviendo a unas políticas preconstitucionales.
– ¿Qué le ha parecido, por cierto, su propuesta para legalizar el uso de las armas?
– En ese tema no voy a emplear ni un segundo.
– Temen una desmovilización si se da por hecha su victoria?
– La desmovilización es negativa para una democracia y perjudica normalmente a la izquierda, eso es objetivo, pero diría que no.
– Pese a lo que ocurrió en Andalucía...
– Se llama a la movilización por compromiso y para que lo que salga de las urnas sea lo que la sociedad española mayoritariamente quiere.
– ¿Repetirá como ministro?
– Mi compromiso con el proyecto de Gobierno de Pedro Sánchez es a largo plazo. En estos meses, hemos empezado a desarrollarlo y necesitamos cuatro años para culminarlo. Espero seguir contando con la confianza del presidente.
– La campaña coincide con el juicio del procés. ¿Lo está siguiendo?
– Tengo la información de lo que ocurre, pero reconozco que no lo sigo demasiado. Quizás sea porque como magistrado mi confianza en el Supremo y en los tribunales españoles es bastante sólida.
– Es pronto, pero ya se ha hablado incluso de indultos. ¿Lo contemplaría?
– Que la gente hable de indultos me parece improcedente. Ni siquiera ha acabado el juicio... Cada cosa a su tiempo.
– Si se llega a Estrasburgo, ¿pasará España el corte?
– Por supuesto. Nosotros somos el país que menos veces ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cuando lo hemos sido, se ha cumplido fielmente lo dictado.
– Usted defiende la necesidad de reformar la figura de la acusación popular para evitar que esconda intereses partidistas. ¿Sería el caso de Vox en este proceso?
– Sin duda alguna es partidista. Sin perjuicio de que muchas asociaciones puedan ejercer la acción popular con una clara finalidad de colaborar en la realización de justicia, esta institución requiere una reevaluación.
– ¿Qué le ha parecido la polémica de Quim Torra con los lazos amarillos?
– Más valdría que la polémica fuera sobre políticas sociales y económicas, que son los problemas reales de los catalanes. Cuando uno no se dedica a lo que le corresponde, pues hace lo que hace...
– La cuestión territorial seguirá siendo clave en la próxima legislatura.
– Tenemos un Estado con una diversidad histórica. Su tierra y la mía tiene derecho foral, un Concierto Económico... El ensamblaje territorial del Estado de las autonomías en la Constitución fue uno de los grandes triunfos. Debemos evolucionar, al igual que la sociedad. Pero, insisto, siempre en el marco de la Constitución, la ley y la unidad de España.
– ¿Se transferirá la competencia de Prisiones a Euskadi?
– Nosotros tenemos un Estado autonómico y hay transferencias que aún no se han materializado, por lo que tienen que formar parte de la agenda de cualquier Gobierno. Hay que estudiarlas y actuar razonablemente. Y sin generar ninguna duda. Sin olvidar nunca que no se transfiere la política penitenciaria, que es del Estado, sino la gestión. Aunque la ejecución de la pena tiene el elemento administrativo, al final es el pronunciamiento judicial el que consolida el alcance de cómo se cumplen las condenas.
– Los servicios penitenciarios de la Generalitat han concedido a Oriol Pujol el tercer grado tras 65 días en prisión, de una condena de dos años y medio.
– Se ajusta a la legalidad. La legislación penitenciaria es la misma para todo el Estado. Las transferencias se reducen a la gestión de los centros penitenciarios.
– De transferirse a Euskadi, ¿sería, como dice el PP, una cesión al PNV?
– Si se transfiere, será simplemente el cumplimiento de una obligación fijada estatutariamente. Siempre sería en beneficio de la sociedad y no de un partido.
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