La Ley vasca de Memoria Histórica: 150.000 euros por destruir fosas y 10.000 por enaltecer el franquismo

Este es solo uno de los capítulos que se recogen en la propuesta que presentó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El Gabinete de Iñigo Urkullu dio hace justo ahora dos años marcha atrás en sus planes y anunció que finalmente presentaría en la Cámara un anteproyecto de ley de memoria histórica. El calendario aprobado por el Ejecutivo vasco en 2016 no incluía ninguna norma sobre el asunto, ya que Lakua aspiraba a regularlo reformando la ley de fundación del Instituto de la Memoria, Gogora. La propuesta seguirá ahora su tramitación parlamentaria.

El anteproyecto consolida normativamente las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno vasco y amplía el volumen de actuaciones a desarrollar. «Mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición», expresó Artolazabal.

Redactado bajo una perspectiva de género, porque hombres y mujeres «fueron sometidos a diferentes formas de violencia en las mismas situaciones de conflicto y posconflicto», se detiene en el derecho a la verdad. Se promueven iniciativas como el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 o el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil, un trabajo que recae en Gogora. Pero también en el derecho a la justicia. Teniendo en cuenta que esta competencia es exclusiva del Estado, la normativa vasca aboga por la colaboración entre la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales en «la puesta en conocimiento de indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones».

Incluye el anteproyecto de ley un régimen sancionador. Establece infracciones que oscilan desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en casos muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para los graves y de 200 a 2.000 euros para los leves. Se describen como hechos muy graves, por ejemplo, la destrucción de fosas y la ocultación de documentos relevantes para la investigación. Como graves, la no comunicación de hallazgos de restos, las manifestaciones que atenten contra las víctimas y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.

En cuanto al reconocimiento y reparación de los damnificados, el texto prevé «valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado por esta Administración» -es decir, el Gobierno vasco-. Cabe señalar que la ley estatal ya contempla una batería de ayudas y compensaciones económicas. Además, se fijará un día anual para el recuerdo de las víctimas del golpe militar y la dictadura.

El anteproyecto incide en el ámbito de la educación. En este apartado, se apuesta por incluir la Memoria Histórica en el currículum vasco y complementar esta tarea con actividades como visitas a espacios dirigidos al alumnado -la sede de Gogora contará con una exposición-. El Gobierno vasco defiende, además, la creación de un catálogo de los lugares e itinerarios, y se determinará el régimen de protección.

Le corresponde a Gogora actuar para la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil, trabajo que ya viene realizando. Desde 2003, se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas -108 hombres y dos mujeres-. La ley establece, asimismo, la necesidad de promover acciones para recuperar el máximo número de personas desaparecidas, y de iniciar las gestiones necesarias para recuperar los restos inhumados en el Valle de los Caídos si así lo solicitan sus familiares.