Varios acusados temen que un posible pacto entre el fiscal y De Miguel les perjudique

Los abogados consultados por EL CORREO coinciden en que existe «un 60%» de posibilidades de que las conversaciones culminen en un acuerdo con Manuel Pedreira, 'mano derecha' del fiscal jefe Josu Izaguirre en todo este proceso. En concreto, el antiguo 'número dos' del Partido Nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, y los burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han negociado asumir parte de las culpas para que sus respectivas parejas (Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu) no pisen la prisión, cuando éstas se exponen a castigos de 21 a 30 años.

«Este 'volantazo' inevitablemente perjudica al resto», reconoce uno de los letrados. Y es que los principales implicados, que hasta ahora calificaban las acusaciones del fiscal de «relato fabulado», están por la labor de admitirlo en gran medida ante el tribunal que preside el juez Jaime Tapia. Por eso será necesario que muchos cambien su estrategia y modifiquen su testimonio inicial para mantener una coherencia y no perjudicarse entre ellos. «Más allá de lo que cada uno logre en el plano personal en sus conversaciones con Pedreira, hay que saber lo que nos puede afectar al resto en esa asunción de delitos», indica otro abogado visiblemente molesto por cómo ha evolucionado una negociación capitaneada por Gonzalo Susaeta, quien defiende a De Miguel en este 'macrojuicio'.

Eso sí, las fuentes consultadas insisten en que no hay «nada cerrado» y puede que haya que esperar hasta «minutos antes» de la sesión del lunes. A medida que pasan los días y la reanudación del juicio se aproxima, los nervios se disparan. En privado, varios abogados ya se muestran dispuestos a ceder y «asumir» delitos que incluso podrían suponer una pena de cárcel para sus clientes.

Otros, como el viceconsejero de Cultura con Juan José Ibarretxe Gurutz Larrañaga -para quien se piden 17 años de cárcel- y la exalcaldesa de Zambrana Justi Angulo, sin embargo, sólo contemplan la «absolución».

«No es lo mismo el bloque que afecta a la ampliación del parque tecnológico de Miñano que el proyecto para instalar un polígono industrial en Zambrana o los contratos con el Departamento de Cultura. En algunos casos parece que el Ministerio Público está menos dispuesto a incidir después de contemplar cómo ha evolucionado el juicio», sostiene uno de los participantes en estas negociaciones.

De cualquier manera, los contactos se multiplicarán en las próximas fechas para alcanzar una conformidad que ponga punto final al mayor caso de corrupción instruido en el País Vasco y que sobre todo afecta a cargos y afiliados del PNV.