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El lehandakari Iñigo Urkullu mostró este viernes su preocupación porque el 'caso De Miguel' se pueda entender como una actitud extensible al resto del partido. «Me preocupa la interpretación de que la actuación individuales de unas personas concretas, por muy altos cargos que ... fueran algunos, pudiera vincularse a la actuación de un partido político con una trayectoria intachable», alegó en sede parlamentaria. «Mi responsabilidad es aceptar lo que dicen los tribunales y reiterar lo que dice la sentencia, aunque no sea firme, se trata de comportamientos particulares y mi actitud ha sido reprobar esta actitud», subrayó.
Así respondía el mandatario del PNV a la pregunta realizada en la sesión de control al Gobierno vasco por Javier Ruiz de Arbulo, del PP, sobre la histórica sentencia que el 17 de diciembre de 2019 condenó a antiguos miembros de su partido a importantes penas de cárcel. Entre ellos destaca Alfredo de Miguel, que era 'número dos' jeltzale en el territorio alavés hasta su detención en marzo de 2010, cuando era diputado foral de Administración Local, y que tendrá que hacer frente a un castigo de trece años y medio.
Los populares pedían a Urkullu «un paso más adelante» de lo transmitido minutos después de conocer, cuando reprobó los hechos probados y pidió perdón. «Fueron actitudes contrarias al ideario que defiendo», afirmó el lehendakari. «La sentencia concluye que no existe vínculo alguno entre ese comportamiento individual y la responsabilidad de ningún partido político ni institución. Hemos actuado con responsabilidad política y pública desde el primer día», insistió.
Pero en su respuesta sobre este fallo que no es firme, ya que cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como así harán trece acusados y la Fiscalía, también pidió «respeto». «Respetemos a la Justicia que tanto invocan, a las personas, a todas, también a las once que han sufrido un calvario a lo largo de once años y han terminado siendo absueltas. A todas. Respetemos los derechos laborales de las personas mientras no haya una sentencia firme que cuestione estos derechos», subrayó Urkullu en lo que supone una defensa a que Alfredo de Miguel y el exburukide Koldo Ochandiano -condenado a siete años y medio de cárcel- sigan trabajando para la administración pública vasca, uno en la Fundación Hazi y el segundo en el parque tecnológico de Miñano, que -precisamente- fue el punto de partida de las tramas corruptas.
El conservador Ruiz de Arbulo le reclamó responsabilidades políticas. «Durante todos estos años hemos oído que ya habría una sentencia y veríamos qué responsabilidades hay que asumir. La responsabilidades legales son de los tribunales y ésto (el Parlamento vasco) no es un tribunal. Usted no era lehendakari entonces, pero sí presidía el PNV», señaló el parlamentario popular. «¿Por qué todas aquellas personas que han sido condenadas a penas muy severas y todos aquellos cargos (presidentes de cuadrillas, alcaldes...) que participaron en aquellos hechos nunca descolgaron el teléfono para llamar a Sabin Etxea para decir que estaba sucediendo algo? Mi opinión personal es porque ellos pensaban que era el funcionamiento real del partido y de las instituciones públicas», aseguró desde la tribuna quien hace una década presidió la comisión de investigación trató de poner luz sobre el 'caso De Miguel' en las Juntas Generales de Álava.
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