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El lehendakari, Iñigo Urkullu, se mostró convencido ayer de que «más tarde o más temprano» la Unión Europea deberá abordar una «directiva» comunitaria «de claridad» que, al estilo de la ley redactada por el canadiense Stepháne Dion y aprobada por el Tribunal Supremo en 1998, ... obligue a los Estados a negociar con las naciones en su seno si las ansias de independencia triunfan en un eventual referéndum con una pregunta y una mayoría claras.
En una conferencia pronunciada ante el Consejo de Relaciones Institucionales de Montreal (CORIM) en su primer día de visita institucional a Quebec, el jefe del Ejecutivo autónomo abogó abiertamente frente a políticos y académicos locales y representantes de la diáspora catalana en la provincia canadiense por conjugar el «derecho de la ciudadanía a ser consultada» con los principios de «legalidad» y «realismo».
De ahí que insistiera, hasta en dos ocasiones durante la intensa jornada de ayer, en que, pese a rechazar la aplicación del artículo 155, las elecciones convocadas por Mariano Rajoy en Cataluña para el 21 de diciembre en aplicación de ese artículo constitucional son la mejor solución al actual ‘impasse’ porque permitirán que «todas» las fuerzas catalanas puedan medirse en las urnas. Será posible así, añadió, en respuesta al representante del Círculo Cultural de Catalanes en Quebec, analizar «con realismo» la fotografía de la sociedad catalana, «lo que nos dice y no solo lo que interpretamos que nos dice» antes de la convocatoria electoral. Urkullu aplaudió la decisión de ERC y del PDeCAT de concurrir a esos comicios para poder trabajar «en el ámbito institucional» con la representación que a cada uno le otorguen los ciudadanos.
El lehendakari ha viajado a Quebec en un momento especialmente complicado, tras la proclamación ilegal de la república catalana el pasado viernes en el Parlament, aunque ayer dijo tener «dudas» sobre lo que realmente se aprobó. Según su análisis, más que una ruptura unilateral es solo el inicio de un proceso constituyente aún de incierto futuro. Ante su auditorio, mayoritariamente compuesto por nacionalistas quebequeses -que vieron cómo sus conciudadanos votaban ‘no’ a la secesión de Canadá en dos ocasiones, en 1980 y en 1995-, Urkullu se mostró como un dirigente con los pies en el suelo y poco partidario de aventuras. Aunque explicó a sus interlocutores que es nacionalista e «independentista» por ideología y adscripción al PNV, también abogó por adaptar las aspiraciones nacionalistas a la realidad europea del siglo XXI.
Decisión
De ahí que reclamara el ejercicio de la «libre determinación» de las naciones sin Estado de manera «legal y pactada» y «con garantías», siempre con el objetivo de asegurar su encaje en la Unión Europea, y un mayor protagonismo en la toma de decisiones en los ámbitos comunitarios. Mencionó, en ese sentido, la propuesta que le hizo al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para crear una Cámara específica en la que estuvieran representadas y pudieran exponer sus demandas con «voz propia».
Incluso recordó, pese a que el PNV apoyó la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, su pública advertencia sobre la falta de acomodo legal del plebiscito en Cataluña. «Dije que el referéndum no reunía las garantías debidas y me llovieron críticas por todos los lados. Pero es que era obvio», reconoció. A su juicio, únicamente el diálogo político «con voluntad de acuerdo» puede desbloquear conflictos como el catalán o el vasco porque «judicializar la política» supone un «riesgo». «Se sabe cómo empieza pero no cómo termina», advirtió.
El lehendakari volvió a manejar ante su audiencia canadiense conceptos como los del necesario reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado ante la «quiebra» del actual modelo territorial y el de la «unión voluntaria», frente a la «unidad impuesta» por la Constitución de Cádiz de 1812. Por eso, dos siglos después, consideró que el modelo canadiense es una experiencia «útil» y »realmente valiosa» en la que España debería reflejarse. Urkullu no solo citó la Ley de Claridad como principal inspiración -también problemática porque da postestad al Parlamento federal para decidir si la mayoría secesionista es suficiente-, sino también la llamada ‘ley 99’ de la Cámara quebequesa, que rechaza que cualquier otra institución del país pueda recortar sus poderes.
Pese a lo intrincado de la realidad política de un territorio reconocido por las instituciones comunes como «nación» dentro de una «Canadá unida», Urkullu dijo tomarlo como referente porque asume -igual que, en su opinión, tendrá que hacer la UE- que los problemas políticos requieren «soluciones políticas» y que los marcos legales deben adaptarse a las demadas sociales de cada momento. «Es un modelo de respeto a las leyes, opción por la negociación, consulta a la población y pacto», resumió.
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