Urkullu quiere fijar una segunda fecha para las elecciones por si no se puede votar en julio

La idea fue lanzada por la delegación de Equo en la primera mesa de partidos convocada por el lehendakari el pasado 30 de abril, e insistió en ella en el segundo encuentro celebrado el pasado jueves. También aparece en el informe presentado estos días por el viceconsejero de Régimen Jurídico del Gobierno, Sabino Torre, para avalar el plan de Urkullu de que las elecciones deben convocarse cuanto antes. El documento de Torre invita a buscar soluciones «novedosas» para llamar a las urnas si un repunte de contagios echa por tierra los planes de julio.

Si la convocatoria de verano tuviera que anularse y se siguiera la ley electoral al pie de la letra, habría que volver a publicar otro decreto para llamar a las urnas nuevamente. Eso supone empezar de cero con los trámites -registro de coaliciones, publicación de listas, proclamación de candidatos...- y tener que esperar 54 días hasta el domingo escogido. Los plazos se dispararían, y la política vasca no está para muchas demoras. La legislatura culmina el 25 de octubre, pero nadie contempla bordear esa fecha por razones sanitarias, económicas y jurídicas.

El PNV y Urkullu han hecho suya la idea de poner sobre la mesa un decreto con dos fechas. El objetivo sería doble. Por un lado, contar con cobertura legal para celebrar elecciones en las dos ventanas posibles sin más burocracia. Por otro, poder retomar el proceso electoral en septiembre justo en el punto en el que se podría quedar en verano si la pandemia impide seguir adelante. Por poner un ejemplo: si la campaña se tuviera que detener en julio a cuatro días de la votación, solo se completaría esa parte en otoño.

Fuentes del Gabinete Urkullu confirman que el equipo del lehendakari trata de dar forma a la idea, pero reconocen que publicar un decreto 'doble' resulta «complejo» desde el punto de vista jurídico. En todo caso, se ha realizado la consulta a la Junta Electoral al constatar que puede existir un asidero legal.

El Gobierno vasco quiere ampararse en un artículo de la ley electoral que permite llamar a las urnas en una fecha alternativa si en algún rincón de Euskadi no se puede votar el día prefijado. El matiz es que esta alternativa se incluyó pensando en que algún contratiempo impidiera abrir un colegio electoral en el plazo requerido, no para hacer frente a una crisis sanitaria que ha pillado a la política vasca con el pie cambiado.

Urkullu disolvió el Parlamento y convocó las elecciones el pasado 10 de febrero. Se debía votar el 5 de abril, pero la feroz irrupción del coronavirus llevó al lehendakari, avalado por todos los partidos, a anular el proceso a mediados de marzo. Aquel decreto de suspensión obligaba a volver a empezar con los comicios, pero no revocó el estado de la Cámara vasca, que lleva tres meses bajo mínimos. La Diputación Permanente no tiene capacidad para aprobar leyes y tres de las cinco fuerzas representadas -Elkarrekin Podemos, PSE y PP- no pueden ni registrar iniciativas porque no tienen los escaños suficientes. Además de hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica, uno de los primeros cometidos del Legislativo en la nueva legislatura será reformar las leyes que regulan su funcionamiento y el proceso electoral para que no se repita el bloqueo.