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David Guadilla
Miércoles, 30 de noviembre 2022, 16:48
Iñigo Urkullu confía en que el año que viene sigan en vigor los descuentos al transporte que existen en la actualidad y con el mismo reparto en su financiación: un 30% sufragado por el Gobierno central y otro 20% por las administraciones vascas. La declaración del lehendakari llega en plena polémica entre el PNV y el PSE por quién paga la bonificación, entre acusaciones de deslealtad.
La bronca entre jeltzales y socialistas estalló, según la visión de Sabin Etxea, por la decisión del PSE de «cambiar de bando» para aliarse en el Parlamento con la oposición e instar al Ejecutivo de Vitoria a prorrogar durante el año 2023 las bonificaciones del 50% en los viajes. En un principio esas ayudas tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre de este año y el Gobierno central no ha aclarado qué hará.
Sabin Etxea insiste en que el Gobierno central debe seguir aportando su parte, pero los socialistas, a cargo del Departamento de Transportes del Gobierno vasco, que encabeza Iñaki Arriola, abogan por extender las ayudas aunque eso suponga que las instituciones vascas tengan que rascarse el bolsillo. Según los cálculos del PSE, la prórroga supondría unos 80 millones de euros para las arcas vascas, una cifra, argumentan, asumible y sensiblemente inferior, dicen, al coste de la deflactación del IRPF.
A la petición de la dirección del PNV se ha sumado este miércoles Urkullu. A preguntas de los periodistas tras el 40 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos celebrada en Oñati, el lehendakari ha recordado que el Parlamento vasco «ha aprobado la semana pasada mantener la bonificación del 50% e implementarlo con el análisis de lo que pueda ser la bonificación en base a tramos de rentas y el poder adquisitivo y rentas de los ciudadanos vascos». «Esta es una cuestión que Sánchez anunció en septiembre, habíamos venido trabajando y estamos trabajando con la aportación 30% del Gobierno español y del 20% por parte de las administraciones vascas y es el planteamiento que sigo manifestando como necesario para el conjunto del Estado español», ha explicado. «Es lo que creo justo reclamar», ha añadido.
Urkullu ha considerado necesario hacer «pedagogía» entre la ciudadanía sobre «el coste que estas medidas tienen en la gestión y en el déficit de explotación». «No es de recibo que una medida impuesta sin contar con la competencia de las comunidades autónomas pudiera provocar una situación no deseada de agravio entre ciudadanos de Euskadi, según sea un transporte de Cercanías de ferrocarril de Renfe o de Euskotren, por ejemplo, o sea transporte de autobús de Euskotren o de las líneas de autobús interurbanas de las diputaciones forales o las locales».
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