Urkullu pide por carta a Sánchez que prorrogue el estado de alarma

A poco más de dos semanas para que finalice la prórroga en vigor, la presión política sobre Moncloa se agudiza. El presidente está empeñado en pasar página y hacer uso exclusivamente de la legislación ordinaria para controlar el avance del patógeno. Sin embargo, varias comunidades autónomas, partidos de la oposición e incluso sus socios parlamentarios −incluidos PNV y EH Bildu− le enmiendan la plana. Consideran que, mal que les pese, hoy por hoy no hay un 'plan B' jurídico que blinde las limitaciones generalizadas a los derechos fundamentales.

La preocupación es aún mayor en el Gobierno vasco, tal vez el más damnificado por varapalos legales a sus decisiones. La reapertura de la hostelería en febrero tras un auto del Tribunal Superior vasco aún escuece y Lakua no quiere tropezar con la misma piedra. Así que el lehendakari, al igual que hizo el pasado octubre, está dispuesto a abanderar un nuevo frente autonómico para abocar a Sánchez a una nueva extensión de la alarma. «Sin prórroga (...) quedamos sin garantías jurídicas ni capacidad operativa para aprobar medidas necesarias», destaca.

La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, hace hincapié en la falta de alternativas. Urkullu hace suyos los avisos de prestigiosos juristas cuando alerta de que la legislación ordinaria, al menos «sin una modificación», resulta insuficiente para restringir derechos fundamentales de forma indiscriminada. En el punto de mira, la circulación −incluido el toque de queda− y las reuniones. Tampoco las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud parecen operativas. Recuerda el lehendakari que cualquiera de sus medidas «podría quedar a expensas de decisiones de tribunales de justicia».

El jefe del Ejecutivo autonómico hace hincapié también en el 'momentum'. En pleno pico de la cuarta ola, a las puertas del verano y con la campaña de vacunación en la pista de despegue, considera que el fin de la alarma puede ser interpretada por la sociedad como «una posibilidad de vida sin restricciones en un tiempo en el que persiste la incidencia grave de la pandemia». La carta, de hecho, incluye como anexo el dictamen elaborado ayer mismo por la Comisión Técnica del LABI, que abogó por mantener las medidas pese a tachar la situación de «grave».

Ese documento de conclusiones también pedía al Gobierno vasco que «intensificara» su interlocución con Moncloa para acordar «un marco de actuación seguro». Dicho y hecho. Urkullu apenas tardó unas horas en enviar a Sánchez la carta, un instrumento que ya ha utilizado otras tres veces durante la pandemia. En marzo de 2020, para que las comunidades pudieran decidir qué actividades económicas eran esenciales; en noviembre, para que el decreto de alarma facilitara la opción de un confinamiento total; y en febrero de este año, para habilitar mecanismos legales que reforzaran las garantías jurídicas de las autonomías.