El Gobierno da un portazo a Urkullu y le niega el toque de queda y la mascarilla en exteriores

Con los indicadores disparados -los contagios superan el millar diario y la tasa de positividad es del 11%-, Urkullu pidió el lunes por escrito a Sánchez que tomara cartas en el asunto. Fue el primer presidente autonómico en dar este paso. Tal y como reveló ayer el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, dos son las peticiones que el lehendakari puso sobre la mesa de Moncloa. En primer lugar, y con la vista puesta en el debate que celebra hoy el Congreso sobre la nueva norma que regula el uso de la mascarilla, Urkullu defendió la necesidad de recuperar el uso obligatorio de este elemento de protección en exteriores, «salvo en espacios naturales en los que no haya una alta concurrencia de personas», matizó Zupiria.

Las palabras horas antes del delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, dejaban entrever que la solicitud de Urkullu podría caer en saco roto. «Las mascarillas son obligatorias para un buen número de supuestos que coinciden con lo que el resto de países europeos está determinando», expresó. «Sigue teniendo su uso en todos los ámbitos, excepto al aire libre y a 1,5 metros de distancia. Generalmente, la ciudadanía está cumpliendo con esa instrucción, por tanto la regulación es positiva. No se trata tanto modificar la ley, sino de que se cumpla, y la mayoría ha decidido mantener su uso», añadió después Rodríguez. En esta línea, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descartó dar marcha atrás en la norma que regula las mascarillas en el exterior. «Siguen siendo obligatorias en nuestro país y solo en supuestos muy determinados dejan de serlo», insistió al término del Consejo Interterritorial.

La segunda petición de Urkullu fue la que trajo más cola, aunque con el mismo desenlace. Debido a los escenarios tan dispares que las decisiones judiciales están dibujando sobre las restricciones, el lehendakari apremió al presidente del Gobierno a adoptar «medidas urgentes esta semana» para dotar de «un marco de seguridad jurídica» a las autonomías que permita abordar cuestiones como «la movilidad nocturna y las agrupaciones de personas». Se refirió el lehendakari, aunque sin pedirlo directamente, a medidas como el toque de queda y a reducir el número de personas que puedan reunirse, por ejemplo, en terrazas y en interiores de locales de hostelería. Pero también en actividades deportivas y ceremonias ante «un verano muy complicado», advirtió Zupiria.

Evitó el lehendakari pedir en su carta a Sánchez un nuevo estado de alarma, máxime después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el que se implantó en la primera ola. Urkullu se limitó a demandar un marco que «acabe con la inseguridad jurídica y permita poner en marcha medidas efectivas». Un mensaje en el que ya insistió antes de que Sánchez decidiera dar por finalizado el decreto de excepción ante el temor a que se repitiera el descontrol del pasado verano.

Sin el amparo del último estado de alarma, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria han conseguido luz verde de sus tribunales regionales para implantar toques de queda, mientras que Canarias y ayer mismo Navarra han visto rechazada esta posibilidad. Pese a ello, la respuesta vino a ser la misma que en mayo. El Ejecutivo central, que sigue poniendo el foco en la vacunación, afirmó que «hay margen por parte de las comunidades para avanzar en medidas de contención» y rechazó nuevas medidas.

«El lehendakari tiene claro que no quiere judicializar una cuestión que considera que es política», defendió Bingen Zupiria. Euskadi ha sido, además, una de las comunidades que más varapalos judiciales ha recibido. A principios de mayo el Tribunal Superior vasco tumbó el plan original de Urkullu por considerar que no existen resquicios en la norma ordinaria que permitan al Gobierno vasco limitar derechos fundamentales. Aunque el Supremo, que ostenta la última palabra sobre las restricciones, ha dejado abierta la puerta a posibles toques de queda puntuales y justificados, no parece, a priori, que el lehendakari vaya a correr el riesgo.

Pero el avance sin control de los contagios en Euskadi y el aumento de la presión hospitalaria le apremian para adoptar alguna de las medidas que tiene al alcance de su mano, como adelantar el cierre de las actividades, en un intento por atajar la expansión del virus. El Gobierno vasco pondrá a prueba su capacidad de reacción mañana mismo, en el LABI convocado a las 16.30 horas, para revisar la complicada situación epidemiológica del País Vasco. En el último, celebrado el miércoles, vetó las aglomeraciones de personas no convivientes de medianoche a seis de la mañana y puso el foco en la necesidad de «impedir» los botellones, pero sin prohibirlos, para evitarse el riesgo de un revés judicial.