Urkullu insiste en un toque de queda más duro para evitar el confinamiento en casa

Consciente de esta mala evolución, el Gobierno vasco aprobó el pasado lunes un paquete de restricciones, que se limitó a recuperar el confinamiento perimetral de los tres territorios históricos y de los municipios en 'zona roja' por alto índice de contagios. Pero aunque en el Ejecutivo confían en que estas medidas puedan frenar esta escalada de la pandemia, también son conscientes del riesgo real de que la situación se desboque. De ahí que ayer el lehendakari uniera su voz a la de un buen número de dirigentes autonómicos, que en las últimas jornadas han reclamado al Gobierno central modificar el actual decreto de estado de alarma y ampliar el margen legal para endurecer las limitaciones sociales en vigor.

«Sería deseable que el Consejo Estatal Interterritorial (de Sanidad) propusiera, de común acuerdo entre el Gobierno español y las comunidades autónomas, medidas básicas de limitación horaria de actividad y movilidad; definiendo, en último extremo, las actividades y servicios esenciales», aseguró ayer el lehendakari. Lo que Urkullu desea y así lo trasladará la consejera Gotzone Sagardui el miércoles en ese foro, es que las autonomías y La Moncloa vayan de la mano y consensúen un marco coordinado de medidas para mantener una coherencia entre todas las administraciones.

El objetivo compartido por todas ellas es evitar a toda costa un nuevo confinamiento domiciliario como el de la pasada primavera, que sería devastador para la ya de por sí castigada economía y moral de la sociedad. De hecho, Urkullu insistió ayer en que existen «medidas alternativas al confinamiento total», opciones que el lehendakari ya ha puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones y que esta semana volverá a plantear en la Interinstitucional: endurecimiento del toque de queda y encierros 'quirúrgicos' domiciliarios de zonas muy concretas, ya sean localidades, barrios o, incluso, edificios.

Tanto la exconsejera Nekane Murga como su sucesora han pedido oficialmente hasta en tres ocasiones que el Gobierno central permita al Gobierno vasco modular el toque de queda para adecuarlo a la realidad epidemiológica que atraviese en cada momento Euskadi. Ayer mismo el portavoz gubernamental, Bingen Zupiria, verbalizó que, si pudiera, al Ejecutivo le gustaría establecer su inicio a las ocho o incluso las seis de la tarde -como ocurre desde hoy en Francia-.

Pero el toque de queda y los encierros domiciliarios implican limitar derechos fundamentales recogidos en la Constitución y sólo pueden ser ordenados por Pedro Sánchez, que se resiste a adoptarlos, entre otros motivos, por el coste político que le puede acarrear. Por eso desde el Ejecutivo central se insiste -ayer mismo lo volvió a hacer el ministro Illa- que el actual marco normativo da suficientes armas a las autonomías para combatir con eficacia el repunte de los contagios.

En el caso de Euskadi, el Gobierno vasco dispone aún de cierto margen de acción. A las restricciones ya en vigor, podría sumar otras que ya estuvieron activas meses atrás y con las que se consiguió doblegar la curva de contagios. Entre ellas, por ejemplo, un nuevo cerrojazo de la hostelería, medida a la que Urkullu recurrió a comienzos de noviembre para contener la pandemia, pero que le supuso una fuerte contestación del sector, que aún arrastra las consecuencias de aquella medida. Y sin ir tan lejos, también tiene en su mano restringir aún más el actual horario de apertura de bares y restaurantes, e incluso del comercio. Una limitación, que de facto, funcionaría como un toque de queda. Decisiones que lograrían reducir las opciones de contacto social y, en consecuencia, el riesgo de contagios incontrolados y de difícil rastreo.

El Gobierno vasco también tendría la posibilidad, sin necesidad de modificar el actual estado de alarma, de limitar aún más la movilidad de los ciudadanos. Al cierre perimetral de Euskadi y de los tres territorios históricos, que ahora impide a los vascos salir de su provincia de residencia y de la comunidad autónoma, podría sumarse un nuevo confinamiento municipal, similar al que permaneció vigente hasta comienzos de diciembre.

En el trasfondo de esta encrucijada sobre endurecer aún más o no las restricciones se encuentra también una cuestión política: ¿quién asume el desgaste de tomar esta decisión? ¿Quién ordena dar un paso atrás y recuperar medidas -efectivas contra la pandemia pero impopulares- que ya estuvieron en vigor pero que se levantaron para facilitar la celebración de la Navidad?