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david guadilla
Lunes, 20 de diciembre 2021, 11:14
El lehendakari ha denunciado la «erosión silenciosa de nuestro autogobierno», ha defendido la «bilateralidad» con el Estado y las bondades de «institucionalizar el derecho a decidir» y la puesta en marcha de una «ley de claridad» a nivel europeo que también sirva para otras regiones, ... como Escocia. En el marco del Foro Expectativas Económicas organizado por EL CORREO y Banco Santander este lunes en el Palacio Euskalduna, Iñigo Urkullu ha vuelto a apelar a la necesidad de trasladar la fórmula del Concierto Económico a la política.
El lehendakari ha subrayado durante su intervención que es «absolutamente compatible» defender una reforma transversal del autogobierno, como él defiende, con la «institucionalización del derecho a decidir», como planteó el PNV en su última asamblea general. Urkullu ha insistido en que el derecho a decidir «no significa la independencia». «Qué problema hay en que la ciudadanía pueda decidir», ha abogado el lehendakari, quien ha insistido en que existe «una clara tendencia de erosión silenciosa de nuestro autogobierno».
Es una tesis que el Gobierno defiende desde hace ya un tiempo. Porque, según su análisis, no se trata tanto de que desde el Ejecutivo central se esté limitando el margen de decisión del País Vasco, sino que a través de diferentes sentencias judiciales se está produciendo un proceso de recentralización. El foco se pone sobre el Tribunal Constitucional. Pero no solo. Tanto el Gobierno como el PNV han denunciado en más de una ocasión que algunos traspasos ya pactados con Madrid se están retrasando por los recelos de un sector de los altos funcionarios del Estado, encargados de concretar la letra pequeña del acuerdo político.
Durante su intervención, el lehendakari ha apostado por recuperar la «letra y el espíritu» del Estatuto de Gernika. Y a partir de ahí ha desarrollado dos ideas generales. La primera, la necesidad de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto. El acuerdo con el Gobierno central está hecho e incluso hay un cronograma fijado para cerrar las transferencias. Pero por diferentes motivos va con meses de retraso.
Urkullu ha recordado que el actual texto de Gernika supuso «el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco y ha hecho posible dar continuidad a la institucionalización de Euskadi. Nos ha permitido alcanzar el grado de progreso, bienestar y justicia social con que contamos».
Pero también se ha referido al debate abierto en el Parlamento para su actualización, un nuevo pacto que debería servir para reconocer «nuestra realidad nacional» y para «asentar» una vieja reivindicación del Gobierno Urkullu: extrapolar el actual modelo de Concierto Económico al ámbito político. Es decir, implantar un modelo «bilateral» con el Estado.
El debate parlamentario sobre la reforma estatutaria vive una especie de parón. El acuerdo de bases firmado entre el PNV y EH Bildu, de marcado carácter soberanista, sigue guardado en un cajón. Entre otros motivos, porque Sabin Etxea opta ahora por intentar sellar un pacto transversal que incluya a socialistas y Podemos. El problema es que el PNV insiste en que debe haber un encaje que recoja el derecho a decidir y el PSE no lo acepta. Y cualquier texto que no cuente con el respaldo de los socialistas no pasaría el corte en el Congreso y abocaría a un escenario similar al del plan Ibarretxe.
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